miércoles, 29 de agosto de 2012

Incendios y Pedofilia en el Valle del Sol

Bastante revuelo ha causado la actitud de un apoderado del Sun Valley College, un establecimiento particular pagado de Los Andes, quien tras enterarse de que un profesor del plantel habría cometido abusos sexuales contra su hija, no sólo se contentó con ir a golpear al docente a la misma escuela sino que luego le prendió fuego a su automóvil que estaba aparcado en la entrada. El incendiario padre fue encarcelado durante una noche pero finalmente el fiscal a cargo decidió no solicitar la prisión preventiva, con lo cual a la mañana siguiente quedó en libertad con medidas cautelares. Suerte diametralmente opuesta a la experimentada por el cuestionado educador, quien de haber sido en un momento dejado en la calle por un juez que consideró que no existían pruebas suficientes, ahora era obligado a ingresar a la cárcel durante el plazo fijado para desarrollar la investigación, que en primera instancia se extenderá por cinco meses.

Antes que nada, cabe señalar mi mayor solidaridad con las personas que han sido víctimas de ataques sexuales, y mi fuerte convicción de que estos indeseables, independiente de que agredan a niños o adultos, no deben ser considerados dentro de los planes de rehabilitación social a los que sí merecen acceso quienes hayan cometido cualquier otra clase de delito. Es más: si se comprobara que el profesor -quien al parecer, sólo contaba con un título técnico en computación- efectivamente abusó de algunos de sus alumnos, mi única recriminación hacia el apoderado que le incendió el auto sería porque no lo hizo con el tipo estando adentro. No obstante, lo que es interesante señalar es la impresentable actitud de doble rasero que manifestaron tanto los medios masivos de comunicación como ciertas autoridades judiciales, quienes coincidieron en que se debía tratar al pirómano padre con la mayor comprensión y suavidad posibles, en base a las circunstancias y al estado emocional que lo impulsó a quemar un vehículo que se ubicaba a centímetros de una puerta de salida por la que salían e ingresaban otros infantes. Conducta que fue secundada por la opinión pública, lo que queda demostrado al revisar la red, donde algunos exaltados hasta llegaron a pedir que los magistrados también fuesen inmolados. En especial porque se trata de un delito que en Chile acarrea penas muy altas a quienes lo cometen, producto de sus potenciales agravantes, ya que los incendios pueden volverse muy difíciles de controlar y por ende son capaces de dañar a inocentes que sólo se encontraban en el sitio equivocado. Eso lo señalan tanto los querellantes de estos casos como los propios reporteros que presentan estas noticias, siempre con un tono reprobatorio y aleccionador. En la situación que ahora nos atañe también lo indicaron, pero de tapadillo y haciendo la oportuna excepción, de tal forma el acto sea considerado por los oyentes como un mal menor.

He aquí que salta la comparación con acaecimientos similares y la consiguiente comprobación de que la ley no se aplica de manera pareja. Pensemos en los mapuches que han quemado potreros deshabitados como medida de presión para que les restituyan sus tierras ancestrales -entre las cuales se encuentran esas mismas hectáreas, en manos de terratenientes inescrupulosos que las mantienen baldías y desaprovechadas, con la única finalidad de sacarles provecho pecuniario vía especulación financiera- y que han sido enjuiciados en calidad de terroristas por ello, recibiendo condenas de hasta quince años de prisión. Acá también se podría argüir que se trata de una decisión desesperada, tendiente a llamar la atención respecto de adquisiciones irregulares que en determinadas ocasiones no provienen de acontecimientos sucedidos hace más de cien años, sino de fraudes elaborados en décadas recientes. O, ya que hemos hablado de automóviles, los incidentes en donde pobladores cansados de vecinos que conducen con imprudencia o incluso borrachos en lugares donde juegan niños optan por acabar con el problema, y de paso buscan impartir un castigo ejemplar, incendiando el vehículo de aquel ciudadano hostil. Por supuesto que no son conductas aceptables. Pero en ambas y en varias otras más a los victimarios se les aplica todo el rigor posible -e incluso el que está al filo de la legalidad- quizá porque se trata de personas de bajo estrato social o que pertenecen a colectivos despreciados desde tiempos ignotos como los indígenas. No son apoderados que han formado una familia modelo, que se han esmerado en colocar a sus hijos en el colegio más caro de la ciudad o que tienen la valentía de no aguantar que un profesor que gana menos que ellos o un simple técnico en computación les intente poner una mano encima a los suyos, y lo demuestran prendiendo una hoguera sin considerar que lo están haciendo en una zona donde transitan otros niños.

Más encima, en una situación donde los delitos aún no han podido ser completamente comprobados, quizá por falta de pericias o la misma desidia de aquellos magistrados que hasta llamaron a ponerse en el pellejo de un padre que descubre que su hija ha sido abusada. Lo peor de todo esto no es que quede la sospecha de que la justicia es inoperante o de que este bochorno les provea de un subterfugio más a quienes defienden la tesis de la "puerta giratoria". Ni siquiera es el temor a una sensación de desamparo judicial que termine justificando el uso de la denominada ley del talión -mejor dicho la ley del oeste-. El real problema es que finalmente tales actitudes de represalia se terminen transformando en atribuciones exclusivas de un cierto sector social, ya sea que cuente con un mayor flujo de dinero, responda a cánones morales específicos o mantenga contactos con fiscales o abogados. En lo cual lo ocurrido en Los Andes puede sentar un peligroso precedente, más si se llega a establecer que el acusado es inocente, pues entonces quedará estipulado que cualquiera con un mínimo de ascendencia social podría maltratar a otros sólo basado en sospechas, lo que a la larga se traduce únicamente en acoso contra quienes se visten o piensan de modo diferente, que es la tónica del grueso de los errores judiciales que se han detectado en el primer mundo.

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