Invirtiendo Con Dineros Ajenos

Uno de los aspectos que más destacan los defensores del sistema de AFP es la facultad que esas instituciones tienen de tomar el dinero de sus contribuyentes para invertirlo en distintos negocios, y de ese modo obtener ganancias que a su vez servirían para aumentar el monto ahorrado por cada trabajador, lo cual a la larga redundaría en que éste asegura una mayor cantidad de fondos para cuando necesite de la jubilación. Ecuación que por cierto jamás ha salido de lo ideal, a entender por los reclamos provenientes precisamente de los supuestos beneficiarios, a quienes siempre les resultan insuficientes las asignaciones que reciben.

 Al margen de las consecuencias reales que ha generado esta forma de distribución desde que se instaló (nefastas para los afiliados, pero muy positivas para los propietarios de las administradoras), es interesante detenerse por un momento en este asunto de la inversión. Uno de los elementos primordiales de la lógica del capitalismo es la salvaguarda de los bienes personales, que no pueden ni deben ser arrebatados bajo excusa alguna, y tampoco acabar siendo usufructuados por terceros, al menos sin el consentimiento del propietario. Pues bien: el dinero que las AFP emplean en la participación de negocios externos no les pertenece a estas organizaciones ni a sus dueños, sino que es un descuento legal que se les hace a los empleados a partir de sus remuneraciones, pensando en la época en que la falta de vigor físico les limite la opción de trabajar. Son cifras que los obreros han obtenido como pago por sus labores, que estas organizaciones están obligadas a proteger porque en todos los países se requiere de una instancia que se encargue al respecto. Pero cuando son colocadas en la bolsa o como parte de una transacción, más allá de contar con la autorización jurídica para proceder de tal manera, aún así se ocasiona un dilema ético. Nadie quiere que le saquen recursos para cancelar una deuda, aunque los dos sujetos convivan bajo un mismo techo, e incluso se han suscitado peleas conyugales y hasta rupturas matrimoniales por esto.

Se puede argüir que las AFP, en cuanto organismos financieros, actúan de idéntico modo que los bancos, donde también se valen de los ahorros depositados por las personas para efectuar inversiones y así agrandar el patrimonio, también en atención a la lógica de que el crecimiento de la empresa redundará en beneficios para el ciudadano de a pie que confió su dinero a la institución. Sin embargo, la banca propiamente dicha opera con un principio distinto, o por lo menos, con variaciones respecto a los custodios de las pensiones chilenos. Ahí uno cuenta con la libertad de retirar su monto cuando le da la gana, sin necesidad de esperar hasta cumplir una determinada edad. No ocurre lo mismo con las administradoras de fondos. Y si bien es cierto que los mencionados bancos pueden quebrar y dejar a sus clientes con las manos vacías (aunque algunas legislaciones les exigen devolver los depósitos), si a estas otras corporaciones les va mal en una transacción simplemente pueden sortear el bochorno declarando rentabilidad negativa, que en la práctica significa que el trabajador perdió parte de sus cifras. Fuera de que el ahorro voluntario es un tipo de capital cuyo destino es muy diferente al porcentaje apartado para la jubilación, por lo cual ambas instancias son incompatibles entre sí y sus aplicaciones particulares por ende son imposibles de comparar.

Lo que siempre queda claro al analizar el sistema de las AFP, es que fue diseñado para favorecer a los grandes propietarios que son los únicos capaces de llevar adelante empresas tan complejas como ésta (por lo delicado de la finalidad del dinero administrado, así como por el cuidado en hacer inversiones que no deben arrojar el más mínimo saldo adverso). Eso sí, con una fachada publicitaria convincente, en lo que a otorgar supuestos beneficios al ciudadano pedestre se refiere. Lo más grave es que para armar todo este esquema no se trepidó en contradecir principios fundamentales del capitalismo, algo que adquiere notoriedad en Chile donde se pretende insistir en la variante más extrema que es el nuevo liberalismo. Pero en fin: muchos han opinado que los principios establecidos en la escuela de Chicago en realidad constituyen un "socialismo para ricos". Y el terreno no ha hecho más que confirmar dicha afirmación.

Parlamentarios a Dieta

Revuelo ha causado la propuesta de los diputados Giorgio Jackson y Gabriel Boric, los dos chicos "independientes" y acomodados del movimiento estudiantil del año 2011, de reducir el sueldo de los congresistas en un esfuerzo por aportar a la discusión acerca del financiamiento de la serie de iniciativas legales que ha presentado el gobierno, una de las cuales es justamente la tan anhelada reforma educacional. Con estas declaraciones, se echaron encima a varios colegas, entre ellos una antigua compañera de ruta, Camila Vallejo, quien de modo muy acertado rebatió afirmando que esta clase de medidas no constituyen solución alguna para los problemas que enfrenta el país. En contraste, han hallado un eco favorable en personeros ubicados a la derecha del espectro partidario, los mismos que ven amenazas al crecimiento económico en caso de ser aprobadas las modificaciones tributarias que están en carpeta, las cuales aumentarías los impuestos de las grandes y medianas empresas.

Debemos admitir que una ocurrencia como la presentada por estos diputados tiene la facultad de llamar la atención en una coyuntura local y universal como la actual, donde la política partidista ha perdido apoyo entre los votantes debido a que éstos sienten que existe una actitud de alejamiento y de acomodo generalizada en sus representantes públicos, quienes, en lugar de impulsar grandes cambios y ambiciosos proyectos ideológicos como los de antaño, prefieren lograr consensos con los mayores propietarios del capital monetario, en una alianza que muchos, producto de lo que esperan de cada uno de los integrantes de estos grupos y lo que les han enseñado acerca del supuesto rol social de cada uno de ellos, ven como un acto de corrupción, al menos en el contexto más amplio del término. Surge entonces la percepción de que gobernantes y parlamentarios son sujetos inservibles, que están ahí sólo con el afán de ganar dinero gratis, acumulado gracias al sacrificio de los contribuyentes. Una acusación que apenas roza a sus rivales en el papel, que serían los individuos acaudalados, porque a estos últimos no se les endosa la misma obligación moral.

Por otro lado, determinados colectivos reaccionarios e interesados han sacado provecho electoral de esta situación, anunciándose como apartados de la "añeja práctica política". Su caballo de batalla más común es aseverar que las discusiones distraen de lo esencial, que es solucionar los "reales problemas de las personas". Una tendencia que apenas esconde sus auténticas intenciones, cuales son desincentivar el debate público, instancia en la cual se pueden enfrentar formas de pensamiento capaces, mediante sólidos argumentos, de cuestionar el orden establecido, algo que a la larga se transforma en un prejuicio para quienes están cómodos en el actual estado de cosas. Cabe señalar al respecto, que el establecimiento de una dieta parlamentaria, en casi todas las partes del mundo, siempre fue aprobado tras una agotadora contienda, ya que existían aquellos que se oponían afirmando que era exagerado pagar por opinar acerca de la situación del país, pero que en realidad tenían temor de que llegasen a los congresos líderes que no pertenecían al mismo estamento, desconocidos que iban a defender a quienes representaban y que por ende y de modo irremediable iban a entrar en conflicto con quienes habían dirigido las riendas prácticamente desde siempre a su antojo.

A esto se debe el que hayan sido los más derechistas quienes más aplaudieran la propuesta del dúo Jackson-Boric. El desprestigio, muchas veces producto del prejuicio, social hacia los políticos permite que una medida de esta clase despierte simpatías en el común de la gente. Luego, los grumos más reaccionarios ven en esta artificial controversia un modo de desviar la atención acerca del aumento de impuestos, que los afectará a ellos y a varios de quienes financian sus campañas. A esto se suma la posibilidad de tachar de inconsecuentes a sus adversarios, pues les exigen esfuerzos a otros en favor de los más desposeídos, no obstante ellos no predican con el ejemplo. En definitiva, una ocurrencia de carácter populista que como bien señaló la Vallejo tiene un alcance nulo. Lanzada por dos debutantes demasiado ingenuos, los que sin embargo cuentan con mucho tiempo para aprender lo que es un debate público.