Cajeros y Pajeros

Como en Chile se necesita recordarnos diariamente que estamos ahogados por la delincuencia, aún cuando las cifras demuestren lo contrario, en los últimos meses los medios masivos de comunicación han saturado sus noticiarios con los casos de asaltos a los llamados cajeros automáticos, esas enormes cajas rectangulares repletas de billetes puestas a la entrada de las tiendas, los supermercados y los bancos, con el propósito de que los clientes giren dinero para poder efectuar compras más abultadas y más contundentes. En la entrega informativa, se hace hincapié al grado de violencia y ensañamiento con que los antisociales proceden a cometer sus fechorías: ya que suelen descerrajar al pobre armatoste de su base  con máquinas de soldar y después atándolo a la parte trasera de un vehículo; y una vez que se encuentran en un sitio seguro, lo hacen añicos con aparatos de oxicorte, e incluso, en ciertas ocasiones recurren a hachas y martillos. Por último, se agrega que pese a toda esta demostración de brutalidad, los autores de tamaño crimen, cuando llegan a ser atrapados, reciben penas muy bajas que ni siquiera los lleva a la cárcel, ya que suelen ser condenados por hurto. Por lo que periodistas, dueños de bancos y dirigentes políticos se han unido con la finalidad de acabar de una vez por todas con tal injusticia y reformar la legislación de manera que los malhechores reciban un castigo ejemplar.

En especial a partir de lo acaecido el 2010 en la cárcel de San Miguel, donde ochenta y un reos, en su mayoría encarcelados por delitos menores, e incluso algunos en situación de prisión preventiva, murieron debido a un horroroso incendio, muchas personas han venido solicitando que se haga un "uso racional" de estos recintos. Petición que, no obstante, ya conocía algunas voces aisladas antes del terrible hecho recién citado, sobre todo, entre quienes eran testigos ya por entonces del insufrible hacinamiento que se vive en nuestros cautiverios, en particular los que recogen a los representantes del pueblo raso. Y no es para menos, considerando que el país ocupa algo así como el quinto lugar en el mundo debido a su tasa de presos por habitante, aún cuando los crímenes son bajos tanto en cantidad como en grados de violencia, siendo sólo la coyuntura agrandada por ciertos grupos interesados. Dicho discurso estaba experimentando acogida en una sociedad que tiende a ver la aplicación de la justicia como una satisfacción de los deseos de venganza. Sin embargo, bastó que un estudio revelara un leve aumento en las agresiones antisociales, para que la tendencia se revirtiera, y que las autoridades y los representantes públicos, temerosos de los próximos resultados electorales, les hicieran caso a un puñado de poderosos banqueros y a una hora de periodistas ociosos que trabajan en medios de comunicación que precisamente suelen ser propiedad de esos mentados banqueros. Enviando una reforma legal que asegurara que los asaltantes de cajeros automáticos recibieran una pena de privación de libertad.

Pues, más allá de lo espectacular que puedan resultar algunas de estas acciones, ¿ a quién le afecta que unos maleantes de poca monta se zampen una de esas guarderías de billetes? Al ciudadano pedestre, incluso a quien los utiliza, no le va ni le viene: hará un giro en otro cajero y recibirá una idéntica suma de dinero. El dueño de la tienda anexa no tiene ninguna obligación legal de asumir las pérdidas, y el fabricante venderá otro aparato en remplazo del siniestrado y con ello recuperará la inversión. El único perjudicado real es el banco, quien de cualquier modo pierde una ínfima cantidad de caudal si lo comparamos con el que administra. No obstante, y como buenos ricos codiciosos y avaros, no soportan la posibilidad de perder un fajo -y que lo digan los países del sur de Europa-, entonces claman a gritos por una actitud más decidida del gobierno o de los jueces contra estos cacos. En resumen, que el Estado les solucione sus problemas, conducta que caracteriza a los capitalistas nuevo liberales cada vez que se enfrentan a situaciones angustiosas. Y dicho así, porque ellos mismos tienen en sus manos la posibilidad de arreglar este predicamento. Perfectamente, podrían equipar a sus idolatradas cajitas con una técnica que ha tenido bastante éxito en el primer mundo, como lo es la inclusión de una tinta que impregna los circulantes si el aparato contenedor es sometido a movimientos violentos, dejándolos inutilizables. Con eso acaban de un plumazo con los robos. Pero ocurre que implementar la idea implica meterse la mano al bolsillo y aunque los muchachos tengan con qué pagarla, el asunto es que les significa gastos que no están dispuestos a asumir. No al menos, si cuentan con una opción más fácil: que las instituciones públicas les protejan las espaldas y empleen sus escasos recursos -ya que más encima estos señoritos se oponen a que les aumenten los impuestos- en perseguir a pobres diablos a los cuales más encima será necesario mantenerlos con los aportes de los contribuyentes dentro de una cárcel, engrosando además la tasa de presos por habitante y aumentando los grados de hacinamiento.

El ladrón de cajeros automáticos no va a prisión porque no comete un delito que signifique agresión a otro ser viviente, ya sea una persona o un animal. Sólo destruye un bien inmueble que puede ser repuesto en un corto lapso de tiempo, y se apropia de una cantidad de dinero cuya ausencia a nadie dejará en la calle. No hay mayores afectados producto de sus fechorías. Por lo mismo, lo más conveniente es que su situación procesal continúe como está, en aras de hacer realidad el tan cacareado eslogan que pide un "uso racional de la cárcel". Es ahora el instante de corroborar si las lecciones fueron aprendidas. Y no pensando únicamente en la desgracia de San Miguel. Sino en esos cientos de casos en donde delincuentes poco avezados o enemigos de la violencia ingresaban a un penal y una vez cumplida su condena, salían dispuestos a cometer secuestros o asesinatos. De más está decir que ejemplos así abundan en la historia judicial chilena.