miércoles, 15 de febrero de 2012

Los Muertos de Mi Seguridad

Opiniones encontradas ha suscitado la reciente acusación por cuasi delito de homicidio emitida contra siete antiguos funcionarios de Estado por su negligente actuación durante las horas posteriores al terremoto de febrero de 2010. En concreto, por haber descartado desde un principio la alerta de tsunami recomendada por agencias de distintas partes del mundo; y luego haber afirmado que tal fenómeno jamás se había producido, incluso varias horas después de que el mar hubiese arrasado con el litoral central de Chile. Lo que más ha llamado la atención ha sido el encartamiento del ex subsecretario del Interior del gobierno de Michelle Bachelet, Patricio Rosende. Decisión que ha generado la divergencia en los sectores políticos, ya que mientras unos exigen que la investigación llegue hasta la ex mandataria, otros advierten que se está gestando una suerte de conspiración en contra de la carta que aparece como la más segura para ganar las próximas elecciones.

Independiente del sector partidista al cual uno se allegue, la verdad es que no se puede dejar de reconocer que, cuando menos al procesamiento de Rosende, le sobra objetividad y se condice con lo que han arrojado las pruebas respecto de lo que acaeció con nuestras autoridades aquella noche. Este sujeto, en los dos años que llevaba en el cargo, se había hecho tristemente célebre por su conducta en el denominado conflicto mapuche, donde coordinó una represión brutal, que incluyó asesinatos, allanamientos indiscriminados contra una gran cantidad de comunidades indígenas y montajes con pruebas amañadas cuando no simplemente falsas. Además, en su condición de garante de la seguridad y el orden público, responsabilidad que durante los gobiernos de la Concertación ostentaban los subsecretarios del interior, intentó acallar las manifestaciones sociales con un nivel de violencia policial no visto en bastante tiempo. Todo esto, por cierto, contando con el mandato y el respaldo de la presidente de turno, quien de esa manera buscó frenar el descontento producto de la delicada situación económica, con el propósito de que su popularidad subiera como la espuma (asegurando, entre otras cosas, la posibilidad de disputar los comicios de 2014). Lo acaecido la noche del veintisiete de febrero es sólo la demostración de un individuo infame, a quien basta verle su expresión facial y oírle su tono de voz, para darse cuenta que su trabajo es segar vidas y no salvarlas.

Pero más allá de apuntar a un tipo determinado, es justo acotar que los bochornos expresados por nuestras autoridades en esas horas terribles se deben a un afán que desde hace década y media obnubila las mentes de casi todos los políticos del país: la seguridad, entendida como la preservación del orden público y el control de la delincuencia común (y de paso, de la disidencia social, a la que se envuelve en el mismo saco). El exterminio masivo de la etnia mapuche tuvo idénticas motivaciones: era imprescindible asegurar la inversión de las grandes empresas forestales y los terratenientes agrícolas. La actuación de la policía, por su parte, tenía como su finalidad dar una buena imagen al exterior, de que aquí no cabía la posibilidad de un estallido social a pesar del aumento del desempleo y la pobreza. Siguiendo la lógica, dar una alerta temprana de tsunami, con la consiguiente huida masiva de los afectados hacia los cerros, era visto como una incitación al caos y al desorden. Mejor era exigirles a las personas que se quedaran tranquilos en sus casas, que una nación que estaba cerca del pleno desarrollo no podía caer en la vergüenza de la histeria colectiva, ya que era capaz hasta de contener a la naturaleza.

Por eso es que, mientras en la costa ya arreciaban las primeras marejadas, Rosende fue enfático frente a los medios de comunicación para asegurar que no había riesgo de tsunami. Era su trabajo: minimizar la situación para que no se produjera el fenómeno del "alto temor", que se ha venido dando de manera sostenida en la ciudadanía por el asunto de la delincuencia. Así había obrado en los ajusticiamientos de mapuches y de chilenos en general: justificando a las policías porque habían desterrado un peligro público que sólo ocasionaba intranquilidad en la población. Así es como opera la lógica de la seguridad: si es necesario cometer un genocidio, resulta válido si finalmente lo que se persigue es calmar a un grupo más populoso o más poderoso. Y el subsecretario del interior (que como medida anexa, aunque más tradicional, también está encargado de coordinar el despliegue ante catástrofes naturales) no hizo sino actuar conforme a su preparación y su destinación. Las de un criminal. Pero por desgracia, eficaz y eficiente.

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