La Expansión Según el Clan de las Veinticinco

Una las situaciones que más ha sido vilipendiada -y con justicia, habría que admitir- por los protagonistas de las recientes movilizaciones estudiantiles, ha sido la denominada "expansión educacional". Por el contrario -como suele suceder por lógica cuando se produce una instancia de conflicto social- las autoridades políticas de todos los signos han alabado este fenómeno característico de los últimos veinte años, asegurando que gracias a él, por ejemplo hoy nos encontramos con jóvenes que constituyen la primera generación de sus respectivas familias en acceder a una universidad. Incluso, dichos personeros inflan el pecho mientras aseguran que bajo sus administraciones este tipo de cobertura se acrecentó, porque dieron las facilidades para que tal aumento se diera de manera sostenida e ininterrumpida en el tiempo. Los descontentos, en cambio, replican que dicho crecimiento jamás fue impulsado por iniciativas públicas, ya que incluso el Estado redujo su participación en la educación, dejando el camino libre para un avance desmesurado, desordenado y con resultados dudosos, todo ello expresado en la proliferación de instituciones de discutible calidad. Como demostración más cabal de sus conclusiones, exponen el hecho de que muchos de esos alumnos no terminan sus carreras a causa del alto costo de los aranceles, cuestión que además los termina endeudando con los bancos, en medio de un futuro incierto. Y de quienes se titulan, la mayoría lo hace en los odiosos engendros de esta expansión, que producto de la ya mencionada incompetencia, los deja en inferioridad de condiciones al momento de afrontar el mundo del trabajo.

Quienes más han insistido en el tema son los estudiantes y académicos pertenecientes a las "universidades" del Consejo de Rectores, ese club exclusivo que reúne a los veinticinco planteles que fueron creados -ya sea como entidad autónoma o como sede- antes de 1981, cuando fueron promulgadas las leyes que flexibilizaron en términos económicos el sistema educacional y por ende posibilitaron la hoy vapuleada expansión. Desde esos claustros, se reclama que el Estado los ha descuidado, lo cual no sólo les ha hecho difícil mantener actividades propias de su rango, como la extensión artística y la investigación, sino que además ha colocado en serio riesgo su existencia. Más allá de que estos alegatos sirvan como pretexto para justificar actitudes hipócritas (estas instituciones suben cada año el precio de sus carreras varias veces por encima del IPC), o para evadir conductas inaceptables (las estafas llevadas a  cabo por las autoridades de la UTEM contra sus propios matriculados, o los diversos casos de corrupción en los que ha estado involucrado el lupanar de Bello): lo cierto es que dicha anomalía, como muchas otras que se dan en la enseñanza superior chilena, es la consecuencia de culpas compartidas, y uno de los principales responsables son precisamente estas organizaciones que ahora se presentan como víctimas.

Hacia 1990, ya acaecido el retorno formal a la democracia, estas "universidades" empezaron a construir una imagen frente a la opinión pública, en el sentido de que habían sido un faro sapiencial en medio de la dictadura de Pinochet, que por sus características fascistas, no se debería llevar bien con empresas de este tipo (estoy usando esa palabra en su sentido etimológico). Una atribución semejante a la que se tomó la iglesia católica en materia de derechos humanos y justicia social. Pese a que basta revisar de reojo la historia del régimen autoritario para darse cuenta que casi la totalidad de los planteles estaba conformada por rectores y académicos afines a la ideología impuesta en ese entonces, que apoyaban las medidas de represión y de restricción aplicadas al interior de los campus. Si acontecieron protestas, siempre fueron impulsadas por los estudiantes y algunos profesores de pensamiento independiente que por cosas de la fortuna no fueron víctimas de una purga. Sin embargo, de la noche a la mañana se convirtieron en los adalides de la libertad de expresión cultural, que en un país como Chile, no muy dado a la inversión en ciencia y tecnología, se transforma en una característica definitoria de la idiosincrasia nacional. Y dicho mito se propagó hacia la población como un eslogan publicitario: si no querías caer en la sospecha de ser un ignorante proclive a aceptar las tiranías, entonces tu camino obligado debía ser la universidad; cualquier otra alternativa era propia de los estúpidos. Con el paso del tiempo, el mensaje se adaptó al modelo mercantil en que está sumida la educación chilena -del que estas organizaciones se han beneficiado, aunque digan que no-, y entonces quien no entraba a una universidad era un fracasado cuyo destino se reducía a vivir de un sueldo miserable cuando no sub empleado. Y esto a pesar de que ciertos "expertos" por contraste daban a conocer las bondades de seguir una carrera corta, de las que se imparten en los institutos profesionales o centros de formación técnica.

Desde luego, por "universidad" se entendía cualquier sede o campus afiliado al cártel de las veinticinco. Pero ya que los alumnos de menores recursos no podían costearse los aranceles, y ante el temor de ser señalados como parias, empezó a proliferar como hongos una enorme cantidad de instituciones que podríamos llamar de consuelo, tales como los mencionados institutos profesionales o centros de formación técnica, además de una nueva caterva de "universidades" independientes, a cada cual peor que su inmediata antecesora (aunque es preciso reconocer que un pequeño número de ellas supera por amplio margen a varias del Consejo de Rectores). Todas, desde luego, privadas, en parte porque así lo exigían las reformas de 1981 aunque también por el citado retroceso del Estado en los asuntos educacionales. Cierto es que los muchachos que egresan de tales engendros a poco andar se dan cuenta que están en desventaja con respecto a sus pares del club exclusivo, menos por un problema de calidad comparativa que producto de los contactos que esos planteles tienen con los principales dispensadores de trabajo -y que además les donan suculentas sumas de dinero-. Sin embargo, bien es sabido que con las ilusiones se puede jugar, y más cuando su concreción se torna urgente, a fin de evitar la discriminación. Ahora, lo interesante es averiguar cuál es el verdadero propósito que motivas las quejas de los miembros del cártel: su un auténtico interés por la recuperación de la educación pública, o el temor a la caída en la demanda que ya vienen experimentando desde hace un buen tiempo, y que por primera vez está colocando en jaque su posición de privilegio en el mercado nacional. Y hay que anotarlo así: mercado; porque lo demás, incluyendo la sentencia "sin fines de lucro", es sólo un grito de guerra para la galería, sin ningún valor adicional.