Asquerosa Política, Asquerosa Prensa

Se deben estar frotando las manos al interior del Consorcio Periodístico Sociedad Anónima, más conocido por la sigla Copesa. Tras el reportaje publicado en enero en uno de los medios dependientes de esta empresa, la revista Qué Pasa, acerca del llamado Caso Caval, la atención se ha concentrado en la presidente Michelle Bachelet, debido a que su hijo y su nuera son propietarios de esa inmobiliaria, cuya única actividad conocida es la compra a bajo costo de unos terrenos rurales en la sexta región que pocas semanas después de la transacción, de forma tan sorprendente como misteriosa, pasaron a ser considerados por las autoridades respectivas como urbanos, hecho que aumentaba su plusvalía puesto que permitía la edificación. Adquisición que además pudo efectuarse gracias a un préstamo bancario obtenido de modo informal y cuyo monto no se condecía con el patrimonio de la sociedad. Todo esto, ha permitido que la derecha, sector al cual es muy asiduo el magnate Álvaro Saieh, dueño de la mencionada Copesa, respire con determinada tranquilidad, tras el desprestigio sistemático en el que fue cayendo durante buena parte del año anterior, debido al descubrimiento de que sus campañas políticas eran financiadas mediante la falsificación de boletas fiscales, para colmo destinadas a la evasión de impuestos.

Independiente del complejo de inferioridad que siente Saieh, debido a su origen étnico y geográfico -y que entre otras cosas, explica su filiación hacia la derecha, en un intento por blanquearse físicamente-, huelga decir que él es un empresario acaudalado cuyos negocios no se detienen en los medios de comunicación. Muy por el contrario, sus propiedades abarcan los más diversos campos, como los supermercados, las aseguradoras y también la construcción. Y en relación a esto último, ha participado, a veces de modo directo, en proyectos inmobiliarios, algunos francamente escandalosos, donde está comprobada la entrega de dinero bajo cuerda, con la finalidad de cambiar planos reguladores y usos de suelo (precisamente lo que se denuncia en el Caso Caval) o pasar por alto normativas de orden medio ambiental. En determinadas ocasiones, incluso con el descaro de favorecer justamente el levantamiento de edificios dirigidos a desarrollar sociedades de otros rubros y de las cuales también es dueño o principal accionista. Y tras concretar estos movimientos, lejos de ser objeto de la investigación periodística, ha terminado cubierto de elogios y felicitaciones por su astucia empresarial, su capacidad de emprendedor y su vocación de inversor, lo último muchas veces considerado como si se tratase de una obra de beneficencia social de un sensible y desinteresado acaudalado.

Pero además existe otro dato que vale la pena analizar. Desde el año 2013, Álvaro Saieh ha venido presentando importantes apuros económicos y de hecho su mimado consorcio de medios estaba quebrado, en concurso de acreedores y con varios ajustes de personal. Su situación, incluso, podía interpretarse como una muestra más de la dramática decadencia en la que se ha sumido la derecha en el último tiempo, cuando la opción de formar gobierno, en lugar de legitimarlos como alternativa, dejó al descubierto todas sus falencias y sacó a relucir todas las explicaciones posibles acerca de por qué les resultaba tan difícil ganar una elección. En medio de la desesperación por buscar algo que contrarrestara esta caída libre, no sólo de los dirigentes políticos del sector, sino de los empresarios que los apoyaban (y que eran parte de la vorágine, al falsificar boletas que tenían una doble intención: financiar campañas y evadir impuestos), se encontró con este caso que al menos por ahora, y a despecho de sus consideraciones éticas, continúa siendo un acuerdo entre privados. Y mezclado con su poder de influencia, le bastaron cuatro meses para revertir o siquiera equiparar la situación. Una sobre valoración que no se condice con la realidad. Pues Copesa sólo ha dado dos golpes fuera de éste en su larga existencia. El primero, el denominado caso Coimas -también a través de Qué Pasa- no fue una investigación periodística, sino un soborno a un par de diputados que formaban parte de una comisión de la cámara. El siguiente, las confesiones de Gema Bueno, se obtuvo mediante prácticas disuasorias propias de organismos como la DINA y la CNI, que incluyeron secuestros y seguimientos a la afectada. Hechos que, más que comprobar la existencia de una prensa independiente, hablan de prácticas oscuras que en ciertas ocasiones se emplean precisamente para frenar la libertad de prensa.

No podemos aceptar que un consorcio como Copesa -más aún conociendo los abyectos antecedentes de su propietario, y aquí todos saben que no me refiero a sus conductas más risibles- marque la pauta en la vida política nacional. Sin embargo, aquí cabe cierta responsabilidad de los mismos periodistas. Conformes con un sueldo en apariencia decente, en especial por el miedo a perder el trabajo, en una carrera con tan alto nivel de oferta (hay más de cincuenta escuelas que imparten la carrera en Chile), su labor empieza y concluye con la repetición del pensamiento del dueño del negocio, llegando en muchas ocasiones a dejar de escribir por motivación propia, resignándose a copiar notas de medios extranjeros. De acuerdo: la política actual chilena está provocando asco, pero no más que la prensa