miércoles, 8 de mayo de 2013

Vivienda: Entregar Para Quitar

No sé si el gobierno ha comenzado a llevar adelante la iniciativa, pregonada hace ya tres años, de confiscar aquellas viviendas otorgadas a través de los subsidios sociales que tras un largo tiempo desde su asignación aún no han sido ocupadas por sus beneficiarios. Si ya han empezado a aplicar esta medida, podría estar sucediendo que los encargados de ponerla en práctica consideren que todavía no se ha cumplido con un plazo prudente como para juzgar que un determinado grupo de personas se merece el desalojo. O bien, ya se ha ejecutado más de un desahucio, pero los medios de prensa no lo han informado, quizá debido a que esta decisión ha sido presentada por las autoridades como un mecanismo de control a fin de evitar que ciertos inescrupulosos se aprovechen de los programas de ayuda que ofrece el Estado.

Eso, a pesar de que para discurrir una determinación de ese talante se requiere un nivel no menor de insensibilidad. Primero, porque las casas que se asignan mediante el subsidio público cuentan con la característica de no estar ubicadas en el radio en que se suelen desenvolver sus potenciales habitantes. Dado que en Chile no existe una regulación sobre el precio de los suelos, su valor queda completamente sujeto a los vaivenes mercantiles. En dicho marco, la relación de costes tiende a ir en directa relación con la distancia de un terreno del centro de una ciudad: si el paño está más cercano a este punto, será más caro, y conforme se vaya alejando, la cantidad de dinero que se exija para su compra irá disminuyendo. Finalmente, las parcelas más baratas -y las cuales el Estado está obligado a adquirir, ya que sus funcionarios se encuentran a su vez obligados a evadir cualquier sospecha de que se están pagando lujos con los fondos de los contribuyentes- son no ya las que se hallan disponibles en la periferia de las urbes, sino abiertamente en zonas rurales, con todos los problemas de traslado y acceso a servicios esenciales -centros educaciones, laborales o de salud- que ello implica. Además, es bastante común el caso de aquellas familias que se ha desarrollado en un sector equis de una villa y no obstante reciben una vivienda ubicada en el extremo opuesto. Lo que en metrópolis de tamaños siderales como Santiago -con una enorme cantidad de municipios- es un factor mucho más que de peso.

Es, junto con la exigencia de la cancelación de los dividendos en aquellos casos en los que el beneficio es sólo parcial, una de las principales causas de que algunas -una reducida minoría de todos modos- familias decidan ceder sus casas otorgadas por el Estado en arriendo, no necesariamente a otras personas, sino también para ser usadas como bodegas de acopio, cuando no permanecen simplemente vacías. Sin embargo, ni siquiera si en una determinada situación no confluyen estas excusas, debe erigirse un motivo para confiscar las viviendas asignadas. Y no por respetar aquel principio de lo que se da no se quita. Porque cuando el erario público le entrega un beneficio a algún ciudadano, se supone que lo está incentivando a superar su actual condición mediante una suerte de capital semilla. Luego, un bien, se trate ya de un inmueble o de cualquier otro elemento, se transforma en un factor de inversión. Es una ayuda inicial que permite contar con una base sustentable que le permita al individuo desenvolverse en el entorno. Por lo que dicho sujeto está en su total derecho de elegir el camino que considera adecuado con el afán de sacarle provecho a lo que se le ha ofrecido justamente para aquello. En tal sentido, quien opta por alquilar su casa sólo le está sacando partido a una posesión que le pertenece, haya sido regalada o no, y buscando el pasar más adecuado para los suyos, que es lo que a la larga esperan y desean los representantes del fisco. Recordando que en ciertas ocasiones, como la que se mencionó al inicio del párrafo, tal acuerdo sirve para cubrir las cuotas restantes, coyuntura que en este país es especialmente delicada debido a las peculiares condiciones que impone el sistema de cambio, la mal afamada unidad de fomento, que se reajusta a diario, con el cual se mide la adquisición de una propiedad, incluso las que se construyen para ser destinadas a subsidios.

Fuera de que al menos en la mayor cantidad de situaciones que las autoridades pretenden pasar por anómalas, las viviendas están efectivamente habitadas. Más atención se debería colocar a aquellos casos de inmuebles en manos de propietarios privados que sus mismos dueños han mantenido abandonadas por años en forma deliberada, incentivados por el asunto de la especulación. Casas que por lo demás, en diversas ocasiones se acaban tornando en refugios de indigentes, adictos o delincuentes, y que de manera adicional se deterioran en forma paulatina. En algunos lugares se cobra un impuesto a quienes mantienen estos sitios desocupados por un lapso prolongado de tiempo. Podría imitarse dicho ejemplo acá, en vez de echarle la culpa a los sospechosos de siempre.















No hay comentarios: