Es Imprescindible Que Sean Terroristas

Cuando las autoridades, tanto ejecutivas como judiciales, prometen que harán todo lo posible para que sea aplicada la ley anti terrorista en el caso de asesinato por inmolación del matrimonio Luchsinger-McKay, formulan esas declaraciones sobre la base del repudio general que provoca en la población un crimen de tal naturaleza, donde una pareja de ancianos acabó quemada luego de que desconocidos incendiaran su parcela. Una acción tan atroz requiere de una respuesta inmediata, y si los sucesos son demasiado recientes y no por ende no se cuenta con el tiempo suficiente para identificar y capturar a los culpables (aún cuando ya existan tres personas atrapadas en la prisión preventiva, acerca de las cuales ningún encargado ha sido capaz de otorgar una prueba clara respecto de su eventual participación en este delito), qué mejor que formular inferencias a la rápida y aseverar, por la zona en donde se suscitó este incidente, que se trata de acciones vinculadas al denominado conflicto mapuche.

Porque son esos los factores que han inclinado a los responsables del aparato público a hablar de un acometimiento característico del terrorismo, con todas las connotaciones que acarrea ese término. Primero, que este crimen acaeció en la comuna de Vilcún, ubicada en el mismo corazón de la Araucanía, y sitio caliente en lo que se refiere a la reclamación de tierras. Segundo, que el asesinato se llevó a cabo mediante el uso del fuego, anécdota que permite empalmar con las quemas de camiones de las empresas forestales y de potreros agrícolas alentadas, esta vez sí, por agrupaciones radicales de mapuches (si bien ninguna terminó con consecuencias fatales). Y finalmente, que se ultimó a un matrimonio de hacendados quienes en el pasado habían sostenido polémicas de orden racial con los pueblos originarios, si bien en la actualidad se marchaba hacia un proceso de reconciliación. Agreguemos a eso los al menos diez años en los que se viene aplicando una ley creada bajo la dictadura de Pinochet, y que por su estructura ha sido repudiada por organizaciones locales e internacionales de derechos humanos, de forma sistemática en contra de los indígenas al sur del Bío Bío -y que ha contribuido a aumentar los prejuicios del resto de los chilenos-: y tenemos al chivo expiatorio perfecto. Quizá los fiscales y los ministros de Estado se apresuren en señalar que no se juzgará ni mucho menos condenará a alguien sin pruebas concluyentes. Pero el tomar partido por una determinada inferencia a horas de ocurrido el infame suceso que tratamos, no basándose en una investigación pericial seria, sino en presunciones compuestas al gusto de ciertos interesados -y que han demostrado una y otra vez ser incorrectas-, la verdad es que constituye un escaso cuando no nulo aporte a la aclaración de un delito por lo demás de inmensa gravedad.

Y para colmo se están dando todos los antecedentes que invitan a pensar que presenciaremos un fracaso judicial más. Para comenzar la radical Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), siempre apuntada con el dedo cuando ocurren estas instancias (bueno: ellos iniciaron las quemas de pastizales y tráileres, así que se cosecha lo que se siembra), pese a que hace rato sus dirigentes se hallan encarcelados y un buen puñado de ellos mantiene hace varias semanas una huelga de hambre, se ha adelantado a cualquiera para enfatizar que ni a nivel de institución como de sus componentes particulares tuvo un grado de participación en este crimen. Se dice que la organización se fragmentó en 2010 y que la facción disidente al menos podría mostrar alguna simpatía por el doble asesinato. Pero de cualquier modo se intenta acusar a priori a una agrupación en la figura de miembros que si bien ya no la integran son parte de su origen y por ende de sus motivaciones, además tratándola de menoscabar mediante el subterfugio de que están divididos y de que su cúpula es incapaz de ejercer su liderazgo sobre las bases (¿en qué momento, si como ya señalamos, el grueso de sus gobernantes se encuentra en prisión?). Por otro lado la extrema pobreza que es endémica en la Araucanía, que no sólo abarca a los mapuches, y los enormes contrastes de orden socio económico existentes allá -muy superiores a la media que se da en el resto del país, lo cual ya es bastante decir-, que no sólo se expresan a nivel de sujetos individuales sino que también de lugares geográficos (los habitantes de Temuco se ufanan en afirmar que viven en la segunda ciudad latinoamericana por crecimiento en las últimas cuatro décadas, lo cual es cierto, pero se trata de un fenómeno que se suscita en la región más pobre y atrasada de Chile), y que da pie a que se desencadenen hechos de violencia que consecuencias tanto o más trágicas que las experimentadas por los Luchsinger-McKay. Para muestra, sólo señalar que durante el fin de semana dos menores de edad mataron de escopetazos a un par de jóvenes que se encontraban practicando modelismo aéreo en el cerro Ñielol, a quienes pretendían robarlaes. Apenas días después de lo de Vilcún.

He aquí el dilema. ¿Qué va a ocurrir con la manida ley anti terrorista, si al final se descubre que este asesinato es un hecho propio de la delincuencia común, aún cuando haya sido cometido por personas con apellido mapuche? Lo más probable es que termine guardada en el cajón y que en lugar de las condenas y los epítetos de cobarde y criminal debamos soportar a los seudo expertos de siempre que ruegan comprensión por el caco quien de seguro es la consecuencia del entorno en el que se formó. Hasta los mismos medios de prensa que hoy se regodean en hablar de zona roja y de acto de terrorismo se volcarán a indagar en las raíces sociales y familiares de los malhechores con un tono lastimero. Lo cual es penoso, porque aún en el caso de extremistas armados cabe consignar que éstos luchan, si no por ideales, al menos por ideologías, y eso casi siempre implica la auto imposición de un código ético que evita una situación de violencia desatada. Algo que no es palpable en un homicida o un hampón cualquiera que se moviliza por sí sólo y en busca únicamente de la satisfacción personal, lo que a la larga lo torna más peligroso. Pero en fin: para dar la sensación de justicia -y de eficiencia- es imprescindible que los responsables del incendio de Vilcún sean terroristas.