El Joven Combatiente Contra Las Autoridades Delincuentes

Siempre me he preguntado por qué el cobarde asesinato de los chicos Vergara Toledo, ejecutado por funcionarios de Carabineros en plena dictadura, ha dado pie a una efeméride informal sólo comparable al once de septiembre. Me refiero a que, se podrían organizar estas protestas de igual modo y con similar efecto, para por ejemplo, conmemorar el Caso Degollados, acaecido en fechas similares y acometido por miembros de la misma institución policial que ultimó a los mencionados hermanos. Tal vez, a diferencia del golpe de Estado, una inmensa tragedia colectiva que resulta imposible resumirla en unos cuantos individuos particulares -aunque uno de ellos no sea otro que Salvador Allende- aquí se puede especialmente simbolizar en un par de muchachos -que sin haber participado en el gobierno de la Unidad Popular, empero se comprometieron en la lucha contra Pinochet- a todas las víctimas del régimen militar, colocando énfasis en las más jóvenes, cuestión que siempre le entrega una cuota de mayor dramatismo al réquiem.

Lo curioso es que, si se cumple con ese refrán que asegura que el tiempo lo cura todo, el Día del Joven Combatiente hace rato que debió haberse extinguido, al menos en la versión que le conocemos. Si ya vamos a completar cuatro décadas desde que se produjo el golpe militar, entonces, lo lógico es que los desmanes del once de septiembre estén reducidos a su mínima expresión, lo que por extensión, afecta a algunas remembranza anexas, como la efeméride que ahora tratamos, pues al debilitarse la causa inicial, sus derivados resienten el impacto de manera más definitiva. Pero en ambas instancias, bastante más en una que otra, se producen actos de violencia, no sólo de parte de quienes organizan disturbios, sino de las fuerzas policiales, que prácticamente siempre proceden al filo de la legalidad. También, en las dos fechas, somos testigos de honestos y edificantes espectáculos artísticos y culturales, algunos de los cuales se ven alterados por el propio aparataje de seguridad pública, que de nuevo, se toma atribuciones reñidas con los derechos humanos. Interesante resulta que, los protagonistas de la desmedida y abusiva represión sean integrantes de Carabineros de Chile, el mismo cuerpo responsable de las muertes de los Vergara Toledo, así como de otros crímenes de similar talante, como el mencionado Caso Degollados. Y culpo al conjunto y no a los autores materiales e intelectuales, porque se trató de hechos premeditados llevados a cabo dentro de una política de disuasión y amedrentamiento, confeccionada voluntariamente por la institución tras recibir órdenes de instancias superiores. Luego, los enfrentamientos que se desencadenan en tales fechas, se transforman en auténticas batallas sostenidas por dos enemigos que aún no han firmado el tratado de paz. Sin embargo, el Estado, que debiera tener una postura de arbitraje a fin de posibilitar dicho acuerdo, opta por favorecer de manera absoluta a una de las partes, elevándola a un sitial superior, el cual está justificado en términos legales, pero que es completamente discutible desde el punto de vista ético, y que incluso, atenta contra el derecho internacional en situaciones de guerra.

Carabineros no ha variado siquiera una coma respecto de su comportamiento durante la dictadura. En realidad, ha mantenido su estrategia agresiva e irracional desde sus orígenes. No olvidemos que fue formado por otro gobierno autoritario y militarista, el de Carlos Ibáñez del Campo, antes que nada, para asegurar la permanencia del dictador. Prueba de estos argumentos, son las masacres de Ránquil y Pampa Irigoin, bastante anteriores a Pinochet(al respecto, cabe señalar que, tras la fundación de la llamada policía uniformada, el ejército dejó de ejecutar las matanzas masivas, las que se conviertieron en potestad de los guardianes del "orden y patria"). Luego, se puede comprobar que, a nivel central, han sido los más irrestrictos defensores del tirano de voz nasal. Cuando el susodicho fue arrestado en Londres, fueron los primeros en emitir una declaración pública rechazando ese encartamiento. Antes ya habían dado muestras de sus actuaciones desubicadas y escandalosas: en 1994 Rodolofo Stange se negó a renunciar a la comandancia tras denuncias que lo implicaban en el Caso Degollados, amparándose en la cláusula que le impedía al presidente removerlo, y aprovechando de paso el fuero que lo liberaba de la justicia. Su sucesor, Fernando Cordero, ya torturador en su época de mando medio, repuso los apremios ilegítimos con metódica y prolija dedicación, aparte de emplear la detención por sospecha para montar una auténtica maquinaria de secuestros, que sus esbirros, aunque de manera moderada, continúan utilizando hasta hoy. En la actualidad, es mucho más difícil condenar a un carabinero involucrado en asuntos de derechos humanos durante la dictadura, que a un militar, pues se amparan en leyes que los protegen y no prestan colaboración. Incluso, su estructura ha servido para ocultar a criminales de otras ramas de la fuerzas armadas: por ejemplo un agente de la DINA acusado de complicidad en el envenamiento de Eduardo Frei Montalva, quien ejercía la medicina en el hospital institucional. No por nada, Salvador Allende se dirigió con los epítetos que le conocemos en contra de César Mendoza, en su discurso del once de septiembre de 1973.

Muchos de los jóvenes que arrojan piedras por estos fechas, lumpenproletarios o no, reconocen, aunque sea de manera inconsciente, todas estas atrocidades cuando ven a un piquete de policías detrás de una barricada. A lo cual, queda todavía agregar que Carabineros es la única institución armada que no ha reconocido públicamente su participación como cuerpo durante la dictadura de Pinochet. Entonces, se desprende que su respuesta a los manifestantes contiene la misma lógica que los impulsaba a actuar en los años 1980. Se trata de enemigos de la nación que se requiere eliminar porque estamos en una situación de conflicto interno. Un combate de dos bandos en medio de una confrontación bélica. El problema es que sólo uno de ellos tiene la autorización para salvaguardar sus intereses. Algo que debieran tener en cuenta las autoridades cuando ofenden gratuitamente la memoria de los Vergara Toledo, y de paso de todos quienes tienen un pensamiento democrático, al referirse a esta efeméride como el día "del joven delincuente".