Más Cerca de Pinochet

A propósito de los ministros de gobierno de la Concertación, que han respondido a las recientes acusaciones de malversación de fondos hechas en su contra, enrostrándoles a sus contendientes su pasado como integrantes o simples simpatizantes de la dictadura militar, cabe formularse una pregunta: ¿ quién está hoy más cerca de Pinochet y de lo que su régimen representó? Es cierto, la derecha chilena, representada en la Alianza, a diferencia de muchos de sus correligionarios en el resto del mundo, fue sembrada por uno de los gobiernos más tiránicos que ha conocido la historia mundial. Para colmo, dicho gobierno no es otra cosa que la continuidad lógica de la tradición conservadora criolla, que para desgracia de quienes no pertenecen a su círcuito, retuvo por varias décadas la administración política y económica del país, con un despotismo que todos sabemos y que por eso y por su complejidad, por ahora resulta muy extenso de explicar.

No obstante, la pregunta que motiva este artículo requiere de una respuesta más detallada y que incluya múltiples aspectos. Partamos, primero, por la institucionalidad del Estado, que fue diseñada durante la dictadura de Pinochet, y la cual la Concertación, ya desde antes que llegara a La Moneda, prometió cambiar. Tal estructura, con algunos parches, sigue siendo la de entonces; y más aún, algunos que se presentan hasta hoy como luchadores por el retorno a la democracia, se han visto beneficiados con los organigramas diseñados por la tiranía, tanto en términos legales como en situaciones de corrupción. Además, cuando se produce una movilización social de cualquier tipo, que compromete seriamente una entidad pública o privada, la respuesta de los concertados ha sido la misma: represión violenta, con heridos graves y muchas veces víctimas fatales de por medio. Son innumerables los casos donde el ejecutivo se ha valido de la ley antiterrorista o de la justicia militar, dos engendros del régimen autoritario, para encarcerlar a ciudadanos que sólo estaban haciendo uso de su libertad de expresión. Para colmo, a modo de frenar la exigencia de indemnizaciones por atropellos a los derechos humanos durante el periodo comprendido entre 1973 y 1989, los abogados del CDE se han defendido recurriendo a decretos promulgados en esos años, que en cualquier otro país del mundo serían inaplicables, por provenir de una legislatura impúrea.

El asunto del sistema económico, por otra parte, es tan evidente que aquí sólo lo voy a mencionar de pasada. Baste decir que personeros de la Concertación son accionistas o ejecutivos de empresas que se han destacado por el abuso contra los trabajadores y, cuando tienen la oportunidad, contra los consumidores. Y su predilección por esas compañías, a veces, se da porque la conducta de aquéllas les permite obtener mejores ganancias. Además, y en contradicción con el principio de la meritocracia que tanto pregonan, han puesto a familiares, amigos en cargos de importancia. Y oscuros personajes de buena labia que en algún momento se les allegaron, a cambio de su carisma hoy reciben una pensión perpetua del Estado, disfrazada con pretextos y nombres eufemísticos. Las escuelas subvencionadas, en el caso de la educación, y las asesorías plagiadas de internet, en las empresas públicas, son buenos ejemplos de lo señalado anteriormente. Y como guinda de la torta -que hace rato ya es de novios- sobre encima durante las dos legislaturas socialdemócratas, en teoría de carácter progresista, se han fallado ciertas restricciones de índole cultural, como la ley de alcoholes, las campañas antidrogas o las medidas contra la piratería, incluidas las que pretenden castigar a los cibernautas. Todo esto, coronado con la casi exclusiva iniciativa de colocar más policías en las calles como medida paliativa contra un jamás comprobado aumento exponencial de la delincuencia, sin indagar antes en las causas sociales de ésta.

Todo esto conlleva a agregar un nuevo ítem antes de dar la respuesta definitiva a la pregunta formulada al inicio: el impacto que estas decisiones han tenido en la opinión pública. O incluso, en el pueblo, como ente azotado, amedrentado, desmotivado y desclasado, durante más de treinta años. Muchos, un tanto producto por la desinformación -también alentada por los gobiernos concertados-, otro tanto por las consecuencias naturales que la conducta de la Concertación genera en ellos, sienten que ésta es la verdadera continuidad de Pinochet y por su intermedio, de la historia de opresión social que ha caracterizado al país. La derecha, a la que algunos ya llaman familiarmente Alianza, reconozcámoslo, se ha limitado a conformar una eficiente oposición, esperando el instante propicio para volver a sacar las garras. Que no se malinterprete: no soy un votante derechista, y no sólo porque su abanderado, Sebastián Piñera, haya rechazado en las urnas a Pinochet y en consecuencia sea partícipe de esa misma hipocresía que ha caracterizado a las legislaturas democráticas. Pero quien tenga, ya no consecuencia, sino un mínimo grado de ética, no puede optar por Eduardo Frei, cuyo mandato fue uno de los peores en cuanto a derechos laborales, individuales e incluso humanos se refiere, que se la jugó hasta el fanatismo por arrancar a Pinochet de la justicia británica, mientras sumía al país en una grave crisis económica. Y quien, al igual que el milico de voz aguda y manduqueado por su mujer, tiene las manos manchadas con sangre.