jueves, 19 de septiembre de 2013

Las Culpas Actuales del Poder Judicial

No se debe descartar de plano la reciente declaración emitida por los integrantes de la Asociación de Magistrados, en la que piden perdón por la conducta de quienes formaban parte del poder judicial durante la década de los años setenta, donde el grueso de sus personeros se negaron a investigar las diversas denuncias de secuestros y violaciones a los derechos humanos llevadas adelante por los agentes de la dictadura militar. Es verdad que esta intervención tiene mucho de oportunismo, y por supuesto que sus firmantes se han aprovechado de una coyuntura en donde confluyen hechos bastante simbólicos, como la conmemoración del cuadragésimo aniversario del golpe de Estado y los gestos públicos de arrepentimiento -más formales que otra cosa- de dirigentes políticos que fueron protagonistas en aquella época. Sin embargo, lo efectuado por la gremial de jueces cuando menos se puede erigir como una conducta ejemplar capaz a largo plazo de meter presión en otras instancias relacionadas con las cortes.

La principal debilidad de esta declaración, aparte de las mencionadas sospechas acerca de su oportunismo, fundadas por lo demás, radica precisamente en el hecho de que se trata de la opinión de un organismo colegiado, y que no pretende representar a las instancias más legales y constitucionales del poder judicial, entre ellas la Corte Suprema, donde algunos de sus componentes expusieron las conductas más vergonzosas posibles durante los años difíciles. También le juega en contra un elemento que ha sido citado en los distintos debates, cual es que pocos de los firmantes de este documento impartían justicia cuando los familiares de los detenidos desaparecidos acudían a los tribunales con el propósito de indagar el paradero de sus seres queridos, corriendo el riesgo estas palabras de tornarse la relajada visión del analista que mira la batalla desde fuera. Finalmente, otro factor a considerar es que tanto los magistrados que hoy rasgan vestiduras como aquellos que en el pasado no actuaron conforme a sus cargos, pertenecen al antiguo sistema jurídico, enviado a la trastienda tras las reformas de 1997. Por lo que estamos hablando de una estructura que, con la totalidad de sus miembros, recibió ya su castigo definitivo siendo reconocida por todos como ineficiente (no producto de este tema, pero hacia el cual igualmente se puede extrapolar). Eso, en la práctica, significa que cualquier acto de contrición que sus representantes ejerzan tiene escasa repercusión real y por ende mínima validez, tanto por pertenecer a un organigrama que ya no está vigente, y que luego cuenta con un peso casi nulo, o porque sus agujeros ya han sido identificados y a causa de ello el edificio completo ha sido despachado a mejor vida.

De lo anterior incluso se puede concluir que estos magistrados, integrantes de un sistema anacrónico, dado que han perdido buena parte de sus responsabilidades sienten una mayor libertad para hablar de determinados temas y emitir opiniones que en otro contexto habrían sido imposibles siquiera de imaginar. En tal sentido, es interesante analizar lo que está sucediendo en la actualidad con el aparato judicial surgido tras la mencionada reforma de 1997, donde a poco andar nos encontramos con anomalías casi tan aberrantes como las tropelías cometidas por ciertos jueces en la década de 1970. Fiscales y demás componentes del ministerio público que parecen estar más interesado en servirse antes que servir. Que ocupan la casi totalidad de su tiempo en casos extravagantes o donde se hallan involucrados reconocidas personas del espectáculo -que son muy famosos, pero carecen de poder político o económico-, mientras al resto simplemente le deniegan justicia. Que sin contar con una sola prueba concluyente decretan la prisión preventiva de un pobre diablo sólo porque se trata de un proceso con alto impacto mediático que les permite ganar cámaras y de paso apaciguar a los ciudadanos pedestres que desean un culpable sentado en el banquillo. Por cierto, dos de cada tres encartados en la actualidad finalmente son declarados inocentes. Eso además de las persecuciones sustentadas en prejuicios sociales o de comportamientos rayanos en la corrupción, como el constante acoso contra las comunidades mapuches, en donde parece que se obra por un mandato superior interesado, o en base a la obtención de una suculenta prebenda.

Son esos integrantes del renovado poder judicial los que deben ser objeto de la vigilancia pública. Los otros ya no cuentan con poder, y sus declaraciones, a despecho del aporte que pueden significar, incluso podrían servir como mecanismo de desviación respecto de delitos que al igual que en el pasado son cometidos por miembros del Estado que usan sus facultades en beneficio propio y de quienes les dan las órdenes. No esperemos que en cuarenta o cincuenta años más los sustitutos de estos fiscales sinvergüenzas y serviles lleven adelante una operación de limpieza pidiendo perdón por horrores que se están cometiendo mientras ustedes leen este artículo y todos estamos confiados de que disfrutamos de las bondades de un sistema democrático.

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