La Barra Brava del Estado

No cabe otra lectura. Lo ocurrido el domingo pasado en Rancagua, donde un hincha de Colo Colo y miembro de la Garra Blanca fue asesinado por integrantes de esa misma barra, demuestra el fracaso del inefable plan "Estadio Seguro" diseñado por el gobierno con el propósito de erradicar la violencia en los recintos deportivos en general y de fútbol en particular. Con el agregado de que el único aporte que hasta ahora ha significado esa intervención, es finalmente la intromisión de un nuevo elemento en las riñas entre simpatizantes de los diferentes clubes, mucho más agresivo y poderoso, como lo es el Estado -mejor dicho, sus actuales dirigentes y quienes les rodean-, cuya primordial intención no es otra que apoderarse de un negocio rentable, empleando todas las artimañas que tiene a su alcance para conseguirlo, las cuales además cuentan con amparo legal.


Analicemos los aspectos más llamativos de este cuestionado y cuestionable plan, que incluso el ejecutivo pretende que se transforme en ley. De partida, se busca implantar una serie de prohibiciones absurdas, que sólo pueden entenderse en el marco de una reacción histérica de personas que desconocen los aspectos más esenciales de la llamada cultura de los espectáculos deportivos masivos; o al menos, que desprecian las expresiones populares que se pueden manifestar a partir de ellos. Sólo así pueden entenderse los intentos de eliminar elementos, como los bombos, las banderas, los lienzos y los cánticos, propios de todo aquel que desea alentar a su equipo favorito, pertenezca a una barra considerada brava o no. En forma adicional, se quiere aumentar la dotación policial como mecanismo de filtro para que tales proscripciones se cumplan, algo que ya se está llevando a cabo, ocasionando incidentes graves donde ha sido la tónica el abuso de parte de Carabineros, quienes, al no ser capaces de detectar infracciones significativas, las suelen emprender contra el público que no tiene ninguna intención de empañar la jornada, con el propósito de justificar su presencia ante las autoridades y frente a las cámaras de televisión. He aquí la intromisión a la cual se hacía referencia en términos negativos en el primer párrafo: hay algunos partidos que, de no haber existido ese desmedido contingente de pacos, y por ende tampoco las consecuencias naturales que genera su presencia, nunca habrían hecho noticia por los estallidos de violencia que se dieron en torno a ellos. 

Y sin embargo, y a pesar de toda esta provocación, en las graderías, al menos de parte de los hinchas, todo permanece relativamente tranquilo, mientras que los homicidios ocurren en sectores adyacentes; no entre componentes de barras enemigas, sino entre integrantes de una misma porra, que están en medio de una disputa de poder. Bueno: si en todas las entrevistas que concede a los medios masivos de comunicación, el jefe de Estadio Seguro mantiene la desfachatez de asegurar que su engendro ha dado resultados porque los crímenes se están trasladando del recinto a la calle, afirmación que cuenta con la venia de los periodistas que no se atreven a rebatirlo pues acometer semejante tropelía con una autoridad designada para procurar el bien de todos, máxime si es de derechas, les significa el despido de su trabajo y el pase a una condición de paria... en fin, las cosas irán por el derrotero escogido por los gobernantes, el cual es una amalgama de represión ideológica, intereses económicos y electorales e ignorancia supina en torno al tema. Pues, para que se entere el creador de este insufrible plan, casi todas las muertes por concepto de adhesión a un determinado club de fútbol no han acaecido en el desarrollo de los partidos, sino debido a riñas, a veces en sectores periféricos y sin la existencia de un desafío en el corto plazo. Por ende, se trata de una cuestión social que trasciende el ámbito del espectáculo masivo. Luego, y al igual que en el repudiable crimen de Rancagua, los involucrados suelen ser hinchas del mismo equipo, quienes actúan impulsados por discusiones absurdas, molestos porque a quien le pidieron dinero para comprar la entrada se los negó, o -como ocurrió en este caso- alentados por los líderes de las barras que con ello tratan de preservar o acrecentar su poder dentro de la organización.


Al gobierno le habría bastado presentar una querella por asociación ilícita y de ese modo obtener los testimonios de las cabezas más visibles de la Garra Blanca, y finalmente saber si fueron los instigadores o no de este asesinato. Pero al parecer buscan llegar a las últimas consecuencias con esa testarudez tan característica de aquellos grupos conservadores que se sienten llamados a regir un país por motivaciones mesiánicas. En consecuencia, los hinchas honestos y auténticos continuarán padeciendo el rigor de un aparato público represivo que opera a tientas y de acuerdo al barómetro de las encuestas de popularidad, mientras los delincuentes -que se reducen a un grupúsculo enquistado en los tres clubes mayores- podrán seguir haciendo con los incautos lo que se les venga en gana. Quizá se trate de un burdo aunque eficaz intento por desviar la atención, porque las actuales autoridades ejecutivas tienen coincidencias ideológicas con los principales accionistas de las sociedades anónimas deportivas, muchos de quienes impusieron a los líderes contemporáneos de las porras cuando asumieron las administraciones, pues les favorecían a sus propios intereses -lo que aseguraba el hecho de que no iban a generar un conflicto en contra de ellos, eventualidad que se debe prevenir al tratar con estas organizaciones- y a su vez también les mostraban afinidad política. Ahora que la existencia de las barras es un factor que se traduce en pérdidas pecuniarias, pretenden erradicarlas; pero de una manera que no se traduzca en escándalo.