De Auras y Aulas

Los recientes escándalos financieros que han afectado a la UNIACC y a la Universidad de Viña del Mar, han sido un certero pretexto para reflotar el viejo tema de la legitimidad -académica, política, económica o social- de las entidades creadas a partir de las reformas educacionales de 1981, entre las cuales se encuentran justamente estos dos planteles. Sólo que ahora se ha agregado un factor inédito: rectores y en general autoridades que dirigen a sus pares denominadas "tradicionales", es decir, aquellas que se agrupan bajo el paraguas del Consejo de Rectores, y cuyo sello de identidad son sus orígenes anteriores a la odiosa modificación, han salido al ruedo a atacar de manera agresiva e inmisericorde no sólo a estas dos organizaciones cuestionadas, sino a todas aquellas que por sus características, jamás podrán ingresar al cartel que ellos representan. Una virulencia que da a pie a toda clase de suspicacias, en especial en tiempos en que se discute la asignación de beneficios a los alumnos de menores recursos, que en su mayoría integran los planteles que, porque le deben su existencia a una ley promulgada en dictadura cuyo propósito era transformar a la educación de un deber del Estado a un mero negocio, no merecen recibir fondos públicos.

Ahondemos en detalles. Los bochornos de la UNIACC y la UVM se han tornado pasto seco porque se trata de desequilibrios financieros en dos entidades que sólo pudieron surgir tras una reforma que consideraba a la enseñanza como una instancia ante todo comercial. Es decir: era, al menos desde cierto punto de vista, esperable que fallaran en cualquier otra variable, como la función social e incluso la calidad académica, pero jamás en el manejo del dinero. Y los desfalcos que tienen a ambas al borde de la quiebra están relacionados precisamente con la forma en la cual deben desenvolverse tanto en la sociedad como en el mercado. En la mentada UNIACC, sus balances truchos y una serie de casos de corrupción en los que estaban involucradas platas fiscales -entregadas para llevar adelante proyectos que habían sido postulados a concursos- motivaron a los responsables del Estado a no otorgar fondos a los estudiantes que los solicitaban, provocando la deserción masiva de éstos y una fuerte caída en la matrícula. Mientras que en Viña del Mar, el desvío de las ganancias a unas inmobiliarias cuyos dueños eran los mismos del plantel, vació las arcas al extremo de que ni siquiera han logrado pagar los sueldos del personal. Sin embargo, ningún reclamo, al menos uno que resulte vistoso, ha sido dirigido contra la calidad educacional de estas dos organizaciones, en circunstancias que se rumorea, con argumentos bastante sólidos hay que admitirlo, que ésta era bajísima, llegando a ser más que notoria la incompetencia de muchos egresados tanto en la práctica profesional como en el campo laboral.

Y es aquí donde surge una pregunta. ¿Por qué las protestas de los miembros del Consejo de Rectores, se centran en el aspecto más visible, cual es el económico, dejando de lado la preocupación por lo cualitativo? Pues así como se plantea, esto no parece más que un intento desesperado de las autoridades de las "tradicionales" por impedir que se reparta la torta de manera más equitativa, no entre planteles sino entre alumnos, usando como subterfugio perfecto el hecho de que sus rivales, si son incapaces de manejarse incluso en el tema monetario, precisamente el factor que justifica su existencia, no debe esperarse que dominen otros campos de su actuar. Pero por otro lado, ¿tienen los académicos vinculados al cartel, la autoridad para hablar de la manera en que sus competidores administran sus correspondientes platas, cuando ellos mismos, al menos de la boca hacia afuera, aseveran que ellos no se guían por "criterios mercantiles", empleando esas dos palabras con manifiesto desprecio? Si desconocen ni quieren saber de negocios, proclamando de modo indirecto pero absolutamente comprensible al oyente medio su ignorancia respecto del tema, entonces no pueden después arrogarse el derecho de enjuiciar a la contraparte, más encima con definiciones de lo que es correcto y lo que no, a partir de sus propias experiencias, que además son excluyentes. Es como aquellos censores que pretenden prohibir una película sin antes haberla visto, impulsados sólo por la sinopsis o las noticias que reciben del exterior. Son contextos diferentes pero la actitud se repite: condenar algo en base a criterios personales que se cree corresponden a lo bueno, ya se trate de moral o de sentido común.

Hemos reiterado que las "universidades" chilenas son todas de mala calidad sin distinción, y que la única diferencia es que algunas sólo son peores que otras. Eso no lo digo yo: lo certifican estudios locales y extranjeros. Por otra parte, el Consejo de Rectores insiste en tener una especie de aura moral basándose en el hecho de que sus componentes no obedecen, al menos en principio, a una ley creada en dictadura que además busca sacrificar la calidad de la educación en favor del negocio. Pero, ¿cuánto de las denominadas "privadas" existe dentro de su estructura? En realidad bastante: de hecho los casos de malversación de fondos públicos y de gastos superfluos en los planteles del cartel son abundantes. Y como cuentan con una buena consideración social -que a la postre se ha transformado en un factor de poder- éstos no salen a la luz de la manera que se debiera; o si al final ocurre, no afecta el organigrama interno de la entidad (la incontable serie de escándalos surgidos desde la UTEM es un gran ejemplo de ello). A veces ni siquiera necesitan dar explicaciones. En tal sentido les resulta muy útil su supuesto alejamiento voluntario de los aspectos más comerciales (lo de supuesto, de más está decirlo, hay que recalcarlo), porque como siempre acontece con los más pudientes, a ellos siempre se les aplica ese principio socrático que asevera que la ignorancia no produce mal. Aunque luego se ofendan, precisamente, porque siendo académicos de educación superior empero los tratan de ignorantes.