Estado Mayor y Escándalo Mayúsculo

En menos de un mes, el ejército se ve enfrentado a un nuevo bochorno. Resulta que hace quince días, el jefe del estado mayor, segundo en la jerarquía, se vio obligado a pedir su retiro anticipado, producto de las irregularidades suscitadas en la compra de una casa particular mediante fondos públicos. Su remplazante, hace unas horas, ha sido descubierto como ex miembro de la DINA y la CNI, organismos a través de los cuales habría participado en violaciones a los derechos humanos. Tanto el actual gobierno como el anterior -que le otorgó al susodicho varios ascensos- han salido a defender al acusado llegando incluso a afirmar que es irrelevante que haya participado en esos infames aparatos represivos, cuando los tribunales de justicia, que para efectos prácticos es la única palabra validada en esta clase de asuntos, ni siquiera lo han encartado en alguna causa, ya que aún no se han presentado pruebas contra él. Declaraciones que tienen un tufillo a desesperación, ante el desprestigio en que podría caer un flamante cargo creado recién el 2009, con la finalidad de coordinar a las distintas ramas de las fuerzas armadas en situación de emergencia, y que es la muestra más visible de la modernización que el ejecutivo le viene haciendo a los militares desde hace al menos un lustro.

Centrémonos, para los propósitos de este artículo, en este asunto de la futilidad, que contrariamente a lo que se pueda pensar, no proviene de un político de la derecha, sino de un antiguo ministro de la Concertación, el inefable Francisco Vidal. En efecto, tras el golpe de 1973, la dictadura, en su afán por hacer eficaz la represión en contra de quienes se le oponían, distribuyó a varios efectivos militares en distintas tareas de manera arbitraria y a veces sin siquiera informar a los afectados, como corresponde según el principio de la verticalidad del mando y de acuerdo a la situación excepcional de entonces -interrupción de la democracia, persecución a disidentes-. Esto ha dado como resultado, el que ciertas personas aparezcan integrando células de inteligencia cuando en realidad jamás conocieron a sus supuestos compañeros. Podría ser el caso de este jefe del estado mayor: de hecho han aparecido similares en los diversos procesos por ejecuciones, desapariciones forzadas y torturas. El problema radica en que no nos consta la absoluta inocencia de quien expone tal argumento. Pues cabe recordar que existen muchos enjuiciamientos que aún se encuentran abiertos, lo que significa que faltan investigaciones por concretar. Eso sin contar denuncias que pueden ser presentadas en tiempo futuro, para las cuales se requiriría abrir un nuevo libelo. En cualquiera de estas causas, nuestro general podría aterrizar y nos tendríamos, de golpe y porrazo, hacer a la idea de que no era la blanca paloma que nos intentó vender.

De acuerdo: las garantías judiciales establecen que nadie puede ser señalado como culpable hasta que no se pruebe de manera fehaciente. Sin embargo, si atendemos a la situación de las fuerzas armadas durante la dictadura, ese argumento incluso puede tornarse una falacia. No por nada a eso lo llaman régimen militar. Pinochet utilizó a los uniformados, sus camaradas de armas, para sostener su mandato, que ejerció de facto y en forma autoritaria, sin aceptar propuestas alternativas. Y para eso se requiere una infraestructura represiva que coarte a los ciudadanos a través del miedo. Algo en lo cual los milicos son el colectivo que ostenta mejor preparación, debido a que están entrenados para la guerra. Era obvio que debían sustentar la extensión de la tiranía y por eso participaron con todo y tradición de buena manera en los mecanismos de control. Más aún, si se considera que su comandante en jefe había alcanzado dicha posición antes de erigirse como presidente.

Por eso, alguien que señale que los crímenes de lesa humanidad no fueron cometidos por el ejército, sino por la DINA o la CNI, está tratando de distorsionar la realidad. Esas siglas fueron creadas para encauzar a los militares en las tareas que demandaba la nueva situación nacional. En un gobierno que además usaba la represión no sólo como mecanismo práctico, sino también como sustento ideológico. En tiempos recientes, incluso hemos sido testigos de cómo divisiones de las fuerzas armadas anteriores al golpe, como el DINE, fueron empleadas en violaciones a los derechos humanos. Dicho de otro modo: al jefe del estado mayor no le basta con decir que sólo fue parte de las listas de tal o cual organismo, pues es sospechoso ya con pertenecer al ejército. Los que se opusieron a los abusos, tienen nombre y apellido y las consecuencias de su decisión son por todos conocidas. Los demás fueron entusiastas colaboradores, y de manera muy relevante.