Universidades Clasistas, Segregacionistas y Públicas

Uno de los datos que hizo abrir la boca en señal de asombro a nuestras ingenuas autoridades del ministerio de educación (en realidad, aparentemente ingenuas, porque de antemano conocen las causas que derivan en tal o cual anomalía; pero colocan cara de sorpresa ante los medios de comunicación para dar la sensación de que desde ahora en adelante trabajarán por enmendar los errores), fue, en el marco del proceso de selección universitaria, por primera vez los planteles privados -entendiendo como tales aquellos que se formaron al alero de las modificaciones de orientación nuevo liberal promulgadas en 1981- superaron a los denominados tradicionales -anteriores a las ya mencionadas restructuraciones, si bien algunos sólo existían como pequeños campus o escuelas filiales- en el número de alumnos matriculados en el primer año. ¿Mejoraron su calidad? No, aunque contrariamente a lo que se cree, no cuentan con ningún modelo al cual imitar. ¿El bombardeo publicitario que lanzan a fin de año, en esta ocasión dio sus frutos? Tampoco, pese a que no puede descartarse como factor de enganche. La auténtica causa de tal fenómeno es que, al cobrar aranceles más baratos, las denominadas privadas consiguen atraer a jóvenes de más escasos recursos. Mientras que su contraparte, aparte del asunto de las mensualidades, cuenta con otra barrera que es el puntaje de la PSU, una evaluación que, por sus características, es más asequible para los alumnos más adinerados y que en consecuencia asistieron a mejores escuelas.

Son datos que ponen, al menos debieran poner, un manto de duda sobre los convencionalismos sociales que existen acerca de las universidades calificadas como tradicionales, ese cártel elitista y excluyente que se hace llamar Consejo de Rectores. Para empezar, se les entrega una mayor cantidad de recursos monetarios con el propósito de que sean distribuidos entre los estudiantes, en forma de becas y créditos fiscales. Los muchachos que ingresan a estas entidades, adicionalmente, cuentan con bastantes ventajas en tal sentido, pues son los primeros en recibir dichos beneficios, en muchas ocasiones, de manera directa desde el Estado. A todo eso debe añadirse los dineros que se entregan a partir de fondos externos, como el Aporte Fiscal Indirecto (AFI), destinado a financiar proyectos de investigación, y al que si bien pueden postular igualmente las instituciones "privadas", por lo general se lo ganan las del club exclusivo. Similar a lo que ocurre con asignaciones concursables de entidades como el Fondart, los FNDR y un largo etcétera. ¿Por qué tantos privilegios? Porque se supone que son organizaciones capaces de ofrecer una enseñanza de mejor calidad, aparte de que, por el asunto de los auxilios estatales, debieran albergar en su seno a personas de distintos estratos sociales. Ni lo uno ni lo otro. En Chile ha quedado en claro hace varias décadas que no existen universidades y que todo lo que lleva ese nombre por estos pagos es una simple estafa. Y con respecto a lo segundo, las cifras se han encargado de demostrar que es sólo una vulgar falacia. Sin embargo, ele ejecutivo les continúa llenando la panza a los seudo académicos, hecho que ha generado la errónea percepción en la gente común, de que estos planteles son públicos.

Lo peor, es que quienes aseguran ser los mejores, y que no se orientan por alguna lógica mercantilista, son los que rematan este estatus de desigualdades sociales que se refleja de manera dramática en la educación. Con esa propaganda -que parte además de un convencionalismo de la masa-, le aseguran a sus educandos los más importantes puestos de trabajo al egresar, mientras que sus símiles de entidades tachadas de privadas -lo digo así porque en la práctica se transforma en un mote despectivo-, deberán resignarse a un empleo de poca monta que ni siquiera concordará con lo que estudiaron. Todo ello avalado por el Estado, que alimenta esta farsa con el dinero de los contribuyentes. Por supuesto, que tal orden de cosas es defendido por los miembros del Consejo de Rectores, que insisten en ser el receptáculo natural de los jóvenes de extracción más modesta, precisamente por el tema de los subsidios. Un círculo vicioso que en última instancia los beneficia a ellos, pues además de los pagos que reciben de los alumnos ricos (mermados gracias a los créditos y becas, que el mismo ejecutivo se encarga de solventar), están las donaciones de sus padres y la futura devolución de los préstamos, que por tratarse de casos especiales se efectúa de forma amortizada (el famoso "fondo de crédito solidario"). Si le sumamos la opción que tienen los académicos de involucrarse con el círculo social de los empresarios acaudalados, tenemos que el negocio es redondo.

Cada vez que se dan a conocer los problemas de segregación social que existen al momento de entrar a la universidad, los dirigentes de las tradicionales -incluidos rectores y presidentes de federaciones estudiantiles- insisten en que el gobierno de turno no hace esfuerzos por cambiar las condiciones imperantes. Mientras, en esos planteles los aranceles son aumentados de manera exponencial e irracional. Para colmo, y amparados en los prejuicios antes mencionados, piden con descaro que les otorguen más recursos monetarios, recordándole al ejecutivo su posición de privilegio, emanada de un mero prejuicio que no se ajusta a la realidad. Ellos, en cambio, son los perfectos, los cerebros "superiores" que lucharon contra la dictadura y a quienes no se les puede tocar porque preparan a los próximos dirigentes del país y además reúnen dentro de sus claustros el conocimiento nacional. Autonomía universitaria, le dicen. Más aún, si cada cierto tiempo nos recuerdan con voz lastimosa que en Chile los pobres no pueden acceder a sus ofertas, y que viven soportando las depresiones intelectuales de café y vino de exportación, frente a unos hijos de papá que para consolarles, deciden emborracharse junto con ellos.