Los Hijos de la Delincuencia

Cada vez que se arresta a un menor de edad en Chile, y sale a relucir su nutrido prontuario y por contraste su corta edad, no faltan las notas de prensa que recorren el entorno del recién atrapado, esperando encontrar padres ausentes, madres ya encarceladas o en su defecto despreocupadas, y una pandilla cómplice de sus delitos que, a fin de cuentas, ha sido el único núcleo afectivo en la vida del recién atrapado. Estas semanas, por la abultada cantidad de información sobre adolescentes y niños acusados de la más variopinta gama de asaltos, dichas anotaciones han saturado los canales de televisión y los medios escritos. Desde luego, tal inquietud no obedece a una preocupación social, mucho menos, pretende aportar a la rehabilitación del pequeño caco; sino que está impulsada por un afán comercial en pro de la sintonía, lo cual, a la larga -y esto lo saben los administradores de los mencionados medios, que tienen una idea política clara- provocan más daño en los afectados, sean vicitimarios o víctimas, que bien.

Hay, sin embargo, un dato que las estaciones y los periódicos no consideran, o si lo hacen, es de manera intencionalmente superficial. Varios de estos muchachos no cuentan con una figura adulta que se haga cargo de ellos, pues sus padres ya cumplen condena por quebrantar la ley, una situación en especial delicada para aquellos que sólo conocen a su madre. Y, a la par que ha aumentado el número de menores apresados, y que éstos han rebajado su edad de iniciación -con chiquillos bastante "duchos" que, a veces, frisan los doce años-, tales casos también se cuentan de manera directamente proporcional. Pero, si analizamos el problema más detalladamente, nos encontramos conque sus progenitores han caído por delitos de baja peligrosidad o que no son violentos, como el llamado micro narcotráfico, que en varias ocasiones, se confunde con el mero consumo. Esto coincide con el hecho de que estamos ante penalizaciones recientes, en concreto vigentes desde el 2005, cuando fue reformada la normativa antidrogas -la cacareada "ley 20.000"-, que considera que cualquier cantidad de sustancia prohibida, por insignificante que ésta fuese, es motivo suficiente para sospechar de su portador y por ende levantarle un proceso. En consecuencia, caen a la prisión, si no producto de una condena definitiva, sí debido a una prisión preventiva, que en determinados casos, que pueden pasar por un defensor incompetente o un fiscal poco interesado en acelerar la causa, se prolonga por muchos meses. Por una figura legal que, insisto, no demanda una protección extra por parte de la sociedad, pues esta clase de vendedor de estupefacientes no tiene gran poder dentro del mundo del hampa, por lo que no requiere de sicarios que maten a sus rivales o lo defiendan de eventuales ataques a su patrimonio, y sólo lleva a cabo su comercio con quienes compran la mercancía por propia voluntad.

Además, que se trata de un sujeto que se involucra en un delito por simple necesidad, y en este caso no se trata del manido discurso que busca comprender la actitud de los malhechores. Porque la prueba está en las bajas cantidades de sustancia que transa, y en el nulo interés que tiene en escalar mayores posiciones dentro de este submundo. Muchos micro traficantes ocasionales en un determinado momento quedan cesantes y con hijos que mantener, y ante la posibilidad que éstos vayan a buscar el sustento en otras actividades reñidas con la legalidad, pero que ya generan una sensibilidad social más alta -por ejemplo el robo-, deciden dedicarse a esto de manera temporal, para abandonarlo cuando se han vuelto a estabilizar laboralmente. Pues bien: tal cadena se ha cortado con estas nuevas y claramente exageradas imposiciones judiciales que, por otro lado, sólo contribuyen al hacinamiento de las cárceles. Luego, los menores se quedan solos, se ven forzados a trabajar o, en la mayoría de las situaciones -porque nadie emplea a un ex convicto ni a sus descendiente- a delinquir por cuenta propia. Y cuando los progenitores salen en libertad, lo hacen con un roce más acabado con el mundo del hampa, del cual aprenden técnicas y tácticas que los insertan de manera abierta en actividades más reprobables.

Por su parte, los chiquillos han aprendido lo propio en los centros de reclusión para menores, por lo que ya tenemos una familia unida en la experticia del delito, y el resentimiento hacia un sistema que sólo les ofreció el encierro cuando le pidieron ayuda -en el instante en que de verdad requerían de esa ayuda-, siendo que su intención no era destruirlo, sino sobrevivir dentro de él. Y las listas de tipos peligrosos se engrosan diariamente, gracias a una iniciativa hecha a gusto de los bienpensantes y de quienes buscan quedar bien con su conciencia pero del mismo modo mantener su poder -la ley 20.000 condena el narcotráfico minorista, propio de los pobres; pero no hace lo propio con el lavado de dinero, actividad propia de los ricos y de los más acuadalados negociadores de droga-. Y atención, porque se pretende fallar una ley antipiratería que pondrá a los vendedores de libros y discos en cuneta al mismo nivel que estos vendedores, con lo cual el número de adultos detenidos y de niños abandonados aumentará significativamente. Preparémonos para los muchachos dequiciados que nos acecharán y para los magistrados y legisladores igualmente enajenados que de seguro, ya están ideando la manera de meter a tantos ciudadanos, como esos vehículos viejos que son compactados y reducidos a pequeñas cajitas en los cementerios de automóviles.