Más Allá de Una Nueva Constitución

La idea de convocar a una asamblea constituyente con el propósito de que ésta cambie la carta fundamental vigente desde 1980 ya ha encendido todas las praderas de la izquierda criolla, incluyendo a sus representantes más cercanos al centro. Las causas de tal entusiasmo, aparte de la explosión de los movimientos sociales suscitada durante los tres últimos años -con un país regido por un gobierno de cuño conservador, detalle que no se debe dejar pasar-, han sido las experiencias relativamente exitosas en otros países no sólo de América Latina, sino también desarrollados como Islandia, donde cambios tan atrevidos han sido liderados por organizaciones de tendencias socialistas en las más diversas acepciones en que se emplea ese término.

Cuando uno llega al convencimiento de que es necesario cambiar la constitución de un determinado país -decisión que por los temas que aborda ya de por sí es extrema y radical-, es porque tiene la sensación de que al actual sistema jurídico y político es, por una sola o por una combinación de diversas causas, insostenible en el tiempo. Pero además, porque dicha percepción le ha surgido después de efectuar una prolongada reflexión, de la que es capaz de extraer argumentos sólidos y bien documentados para exponer en un debate (la propia seriedad y complejidad del asunto los reclama). Esto, con la finalidad de demostrar que urge renovar el marco institucional desde los cimientos, pues de otro modo la nación irá de modo irremediable al caos y la descomposición. Una modificación total de la carta fundamental, máximo documento de organización de un Estado, pasa a transformarse entonces y más que nada en una acción simbólica: en un mensaje a la población respecto de que se está tan comprometido en la solución de los problemas que se partirá por el núcleo mismo de la institución nacional. Tal medida puede encontrar distintas motivaciones: en Venezuela fue la corrupción del aparato público, en Bolivia la desigualdad social, en la ya mencionada Islandia la crisis financiera provocada por los desfalcos privados. En todos esos casos se instaló la concepción de que el entramado vigente ya no respondía las inquietudes generales y por ende era imprescindible empezar de cero. Mientras que en Chile, tal regreso a los orígenes estaría justificado por las anomalías cotidianas a las cuales ha sido arrastrada la sociedad debido a un sinnúmero de prescripciones solidificadas durante la dictadura de Pinochet, entre ellas la propia constitución que se desea mandar al tarro de la basura y el entramado de la educación local que da cualquier resultado salvo una enseñanza de calidad, y que precisamente ha sido la piedra de tope tras la cual han irrumpido todas las demás protestas.

El asunto, sin embargo, pasa por detenerse a pensar en lo que se está hablando cuando se menciona la constitución. Nos referimos a un documento escrito que linea los estamentos más generales de un país, relacionados con su gobierno, su aparato legislativo y sus cortes de justicia. Lo que cabe allí es detallar qué tipo de cargo ostentará el primer mandatario -rey, presidente, primer ministro, por nombrar ejemplos- así como la manera en que funcionará un parlamento o los diversos tribunales. Pero en ningún caso esta clase de textos incluye normas respecto de la protección de los trabajadores, la distribución del ingreso o la protección del medio ambiente. De acuerdo que en algún artículo pueden aparecer como declaraciones de principios -como aquel párrafo recalcado por los estudiantes en el cual se defendería el principio de la educación como un derecho privado, descubrimiento que ha servido para aunar fuerzas en torno a la modificación absoluta-; pero nada más. De hecho son constituciones más reducidas las que han sido mejor aprovechadas por los pueblos que se encuentran bajo su jurisdicción, como ocurre con la de Filadelfia, que rige en Estados Unidos desde la independencia y es además, con un menor número de enmiendas, la más antigua del mundo. Un ordenamiento más complejo y preocupado de cuestiones que no le competen al menos de forma directa podría ser un agente contraproducente, ya que coartaría la libertad para legislar e impondría un temor adicional en los encargados, que se verían obligados a revisar con lujo de detalles y un batallón de abogados inciso por inciso, a fin de evitar que sus proyectos no se contradigan con una vasta carta fundamental. Además de que se caería en el vicio de abarcar mucho y apretar poco, pues inevitablemente se tocará una variedad de temas de manera superficial, ya que se requiere que esto no se expanda hacia el infinito. Entonces, ciertas consideraciones importantes, también algunas buscadas por los redactores de esta inmensa constitución, podrían quedar fuera con el agravante de tampoco lograr ser recogidas en algún código porque al estar ciertos elementos en otro documento impedirían completarlo, lo que redundaría en una ininteligible maraña troceada.

Si me preguntan mi opinión personal, soy partidario de cambiar la constitución, pero por una motivación absolutamente práctica. La actual carta fundamental es una cosa amorfa donde han entrado tantas manos que ya es imposible determinar la dirección en que va (salvo lo que determinen los integrantes del Tribunal Constitucional, que de todas formas prefieren echar mano a sus convicciones sociales en las cuales deben creer se basa también el documento que interpretan). Lo peor es que, por su origen autoritario y oscuro, cada reforma a su seno implica aumentar el número de artículos porque uno se imagina que por surgir en una dictadura sus redactores sólo se preocuparon de ellos mismos y dejaron una serie de cuestiones inconclusas acerca de temas que no les afectaban (lo cual es cierto hasta determinado punto). A manera de ejemplo, la totalidad de la Reforma Procesal Penal se encuentra aquí (los artículos 80 seguidos por letras, para mejor ubicación). Esto hace difícil el manejo y estudio por parte de las capas más pedestres, las que son justamente quienes más padecen el ordenamiento jurídico. Un texto más breve y por lo mismo flexible facilitaría el avance de las regiones al proporcionarles, siquiera por defecto, una mayor libertad, lo que a la larga se traduce en autonomía. Además otorgaría mayores espacios de auto determinación a las comunidades más pequeñas. Lo que existe hoy se parece, por su morfología solamente, al sistema consuetudinario británico, donde un conjunto de leyes dictadas en diversos siglos hace las veces de constitución. Pero se trata de un país que cuenta con una historia ancestral y cuya nacionalidad surge desde los señoríos feudales medievales, proceso diametralmente opuesto a la verticalidad que dio origen a los Estados latinoamericanos. Y aunque nos llamemos, "los ingleses de Latinoamérica" no nos podemos comparar.