El Pastor de la CNI

No vamos a descubrir ahora la tendencia política que prima entre los pastores y dirigentes de la Iglesia Metodista Pentecostal de Jotabeche. Cualquiera que tenga el más mínimo conocimiento acerca de los colectivos de simpatizantes de la dictadura militar, sabe que ahí la figura de Pinochet es evaluada en términos bastante positivos. Por cierto que se trata de muestras de apoyo diferentes, atípicas y originales respecto de las que por ejemplo se pueden encontrar en círculos de empresarios acaudalados o de católicos integristas, alejándose bastante de esas fundaciones que veneran al tirano como si fuera un ícono religioso y no sólo porque tratándose de evangélicos desprecien las falsas imágenes. Esta deferencia está motivada en una manifestación de gratitud hacia sucesos puntuales. Cabe recordar que el gobernante de facto fue el primero en autorizar la celebración de un tedeum reformado, que esta congregación venía solicitando desde la década de 1960 para el pueblo protestante en general, y cuya vigencia y trascendencia le han permitido existir hasta el día de hoy, siendo uno de los más antiguos y emblemáticos factores de unificación y de unión entre las comunidades evangélicas. A eso es preciso agregar que el régimen dictatorial dio muchas facilidades, incluso económicas, para que esta denominación construyera su fastuoso templo a un costado del rodoviario -justamente en la calle Jotabeche, de ahí su nombre coloquial- que con los años igualmente se ha convertido en un punto de referencia para los cristianos afines a la doctrina iniciada por Lutero. No hay otras causas, como haberle quitado derechos a los trabajadores o eliminar el "cáncer marxista" y lo que ello implicaba tanto en el campo social como moral.

Por lo mismo, y aunque suene demasiado cruel, a nadie debería sorprender que la recién asumida máxima autoridad de la IMP-J, el pastor Roberto López Rojas, haya colaborado con varios organismos represivos de la dictadura de Pinochet, entre ellos la Central Nacional de Informaciones (CNI), la infame policía política y secreta de ese régimen, varios de cuyos miembros son responsables de los más tristemente célebres casos de violaciones a los derechos humanos como la Operación Albania o el ajusticiamiento de Tucapel Jiménez. Es horroroso decirlo, en especial para un hermano de fe: pero las habas que se cuecen al interior de ese templo son de esa calaña y aún más graves. Tal vez por ello ciertos grupos han intentado crear un escándalo de esta situación, que consiga equipararse a los casos de abusos sexuales protagonizados por el sacerdote Karadima o por Sor Paula. Cuando, puestos a comparar, ambos bochornos, aunque sean muy delicados, claramente no resisten ser colocados a la misma altura. La comunidad de Jotabeche, si bien ha encabezado hitos fundamentales en la historia del movimiento evangélico chileno, no deja de ser una comunidad de mediano tamaño e importancia, características que además han venido mermando con el paso de los años. Jamás ha estado delante de las congregaciones reformadas, porque esa atribución primero recayó en la Confraternidad Cristiana y a partir del 2000 en el Consejo de Pastores. Simplemente es una agrupación más y ni siquiera tiene juridicción sobre el resto de las instituciones que llevan el nombre de metodista pentecostales, ya que esta denominación sigue la doctrina bautista que promueve la autonomía de cada templo. Para colmo, en el último tiempo ha sufrido escisiones significativas, alentadas por una serie de luchas de poder provocadas, entre otras causas, por la sujeción ideológica que algunos miembros le deben a la tiranía. Una coyuntura distinta a la que ocurre en el seno del romanismo, conformado por una administración vertical donde la equivocación de una sola persona hace tambalear a todo el conjunto. Algo que ha sucedido, tanto en términos simbólicos como reales, con los mencionados casos de pedofilia, donde los curas culpables eran protegidos por sus superiores eclesiásticos. En cambio, a poco de darse a conocer la poco feliz decisión de la IMP-J, tanto los regentes de otras iglesias evangélicas, como sitios internacionales -revisar el español Protestante Digital- y hasta miembros del citado Consejo de Pastores expresaron su más enérgico rechazo a esta medida.

Tal parece que se pretende aquí es desviar la atención de lo que es verdaderamente preocupante, como son las noticias, cada vez más frecuentes y reveladoras, de los atentados sexuales que han cometido los sacerdotes y las monjas con niños indefensos y adolescentes y adultos que confiaron en ellos. No es para menos, si el conocimiento de tales aberraciones a través de los medios masivos de comunicación, ha inquietado a los círculos católicos, en especial a quienes están vinculados con el poder económico y utilizan esa condición social como una ventaja al momento de tratar de imponer sus puntos de vista sobre la sociedad, basados en una moralina recalcitrante e irracional que apenas oculta intereses de carácter político relacionados con la subyugación de las clases inferiores. Los delitos puestos al descubierto en épocas recientes han acelerado la pérdida de credibilidad que el papismo aún mantiene entre los ciudadanos comunes, y que en Chile está relacionado de forma íntima y casi indisoluble con el clasismo y la desigualdad social que rige el sistema financiero de este país. Ya las aberraciones de Fernando Karadima han dejado un agujero que nisiquiera es capaz de llenar la eterna evocación de la Vicaría de la Solidad o de la obra de Alberto Hurtado -maestro del susodicho sacerdote, por lo demás-; y sobre la marcha se vienen las acusaciones contra sor Paula, que terminarán por cerrar el círculo, al tratarse de un caso de abusos de carácter lésbico y en consecuencia, aclarar que toda la estructura romanista, independiente de su género, es maligna. De paso se mata un segundo pájaro con el mismo tiro, al atribuirle crímenes inaceptable al segundo credo más grande del territorio, el cual arrastra varias décadas mostrando un crecimiento exponencial, por lo que está en condiciones de captar a una parte de los fieles desencantados.

He dialogado con muchos hermanos que han tenido contactos con la congregación de Jotabeche, y me aseguran que, de los cuatro mil asistentes promedio que llegan a ese templo en cada culto, sólo unos mil pueden considerarse cristianos de verdad y el resto -incluso los que son reconocidos como integrantes de la comunidad- se dejan caer sólo por interés. Además, la iglesia ya perdió parte de su prestigio hace una década y media, cuando se prestó para el bufonesco matrimonio del maquillador homosexual Gonzalo Cáceres. Y después están sus divisiones y peleas intestinas. Lo que ocurrió hace unos días es sólo el último eslabón de una cadena de errores que el pueblo evangélico ha sabido poner en su lugar. Yo prefiero quedarme con los dos obispos luteranos alemanes que a comienzos de 1974 constituyeron el Fondo de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC, aún vigente) y el Comité Pro-Paz, por cierto antecedente de la Vicaría de la Solidaridad. Ambos fueron expulsados por Pinochet ese mismo año y sólo pudieron regresar en 1990. Un inconveniente que no sufrió sacerdote católico alguno, ni siquiera Raúl Silva Henríquez.