Consejo de Rateros

Sebastián Piñera anunció que su gobierno derechista llevará, al fin, la reforma universitaria que se viene esperando y anhelando desde hace décadas. Eso sí, acorde con el pensamiento ideológico de la administración, combinado con la peculiar situación de la educación superior chilena (admitiendo que en realidad existe dicha instancia). Las entidades que se agrupan en ese auténtico cartel que es el Consejo de Rectores, conocidas con el mote de "tradicionales" -que algunos suelen confundir con "estatales"- han puesto el grito en el cielo, aseverando que la iniciativa -que de más está decirlo, se rige por los cánones más recalcitrantes del nuevo liberalismo económico y de la propensión a transformarlo todo en un negocio- acabará con todo proyecto futuro de universidad pública, si es que en el pasado lo hubo, además de aumentar la ya amplia brecha social. Sería interesante escuchar esos argumentos, de no ser porque no ofrecen nada concreto, sino que reiteran los mismos clichés y lugares comunes que los claustros utilizan cada vez que quieren poner el tema en el debate público, conducta que siempre demuestra que los decanos, académicos e incluso estudiantes superiores son personas siúticas antes que cultas.

Sin embargo, es preciso aclarar que la potencial atención no provendría del contenido del planteamiento en sí, sino de sus motivaciones. Que están muy alejadas del interés genuino por la gente de escasos recursos o el aporte al país, y muy por el contrario, se sustentan en una lastimosa simbiosis entre mitología e hipocresía. Pues de partida, y no es necesario citarlo permanentemente, en Chile no existen universidades y las que se atribuyen tal cualidad sucumben a la más mínima comparación con sus supuestos pares internacionales. Ahora, si tratamos a estas chapuzas como lo que dicen ser, tenemos que se encuentran separadas en dos colectivos claramente delimitados: las del mencionado Consejo de Rectores, una organización legal con estatutos definidos y reconocida por las instancias judiciales, y las denominadas privadas, que reciben ese nombre porque surgieron al alero de la más reciente reforma, que data de 1981, que flexibilizó las normas para poder conformar sociedades que incluyesen la palabra universidad (lo cual revela el origen espurio de tales innovaciones, impulsadas e impuestas por una dictadura oligárquica a la cual le importaban un carajo la educación universal y la igualdad de oportunidades). Esto, empero, no responde a la pregunta de por qué a ellas se les denomina particulares y a las otras, por descarte, públicas, siendo que varias de aquéllas no lo son, ya que dependen de la iglesia católica o de grupos de inversionistas. La respuesta está en que los matriculados de las primeras, a partir de entonces, tuvieron la posibilidad de acceder a un crédito fiscal para sortear los ominosos aranceles que las "casas de estudios superiores" les cobraban, beneficio que se mantiene hasta hoy. En cambio, en el caso de quienes ingresaban a las "privadas" propiamente dichas, no gozaban de esta regalía, y tuvieron que esperar hasta el 2005, cuando se les concedió el llamado "crédito CORFO" cuyo interés devengado es más alto que el de su par fiscal. Eso, mientras la administración de turno creaba el cartel ya dos veces consignado aquí, a fin de orientarse acerca de a quién había que repartir los dineros, y de paso, posibilitando que sus integrantes se rodearan de un aura que los contentó al punto de hacerlos desistir de sus reclamos.

Desde entonces, las componentes del dichoso Consejo se han valido de esta segregación para proclamarse como auténticas universidades, lo cual en la práctica significa que cobran aranceles inalcanzables para el grueso de la población y absorben como aspiradoras las platas del Estado, sin que ello se traduzca en una mejor calidad de los contenidos que están impartiendo. De hecho, la mayoría de los académicos no son profesores titulados, sino sujetos incapaces de ejercer su profesión que gracias a una de las tantas normativas promulgadas en 1981, tienen sueldo asegurado hasta la jubilación. Por otro lado, y de manera paulatina, han estructurado de tal forma las asignaciones de becas y créditos, que durante los últimos años el acceso a su entorno se ha venido restringiendo a los postulantes de estratos acomodados, cuyos padres son vecinos de los rectores y benefactores pecuniarios de los planteles. Y si alguien de origen más modesto consigue, siquiera por un involuntario error de admisión, entrar a este círculo vicioso, el propio entorno lo incita a retractarse de su osadía, presentándole nuevas instancias de pago (como el cobro por fotocopias o por los préstamos de libros de la biblioteca) o lisa y llanamente acudiendo a la discriminación, situación donde el matonaje escolar, incluso desde los mismos académicos, no está ausente. Ni hablar de invertir en investigación, toda vez que una opinión que no se ciñe a los cánones de los contenidos impartidos, es censurada y sancionada de la manera más severa posible. Es cierto que las consideradas privadas están un peldaño más abajo, pero éstas apenas se asoman al cero, lo cual bajo ninguna circunstancia es causa de orgullo.

Pero mientras se emitan discursos edulcorados, con la serenidad requerida para que puedan pasar como intelectuales, a uno lo ubicarán en el altar de la sapiencia y de la preocupación social. Cuando, si es que son honestos, los oradores del Consejo de Rateros debieran interrogarse por qué el setenta por ciento de los alumnos rematan en las entidades privadas, aún en el supuesto de que son de inferior calidad. Y por qué, el grueso de esas matrículas proviene de hogares medios o pobres. Muchachos que verán truncadas sus ilusiones al tratar de insertarse en el mundo laboral, porque a la larga eso se consigue gracias a los contactos, que sólo se obtienen dentro de las tradicionales, donde los decanos instalan a los hijos de sus vecinos en los mejores puestos, obteniendo, como forma de gratitud, más dinero para engrosar sus cuentas bancarias. Además de que el ordenamiento legal les entrega una mayor y más eficiente publicidad. Así se confirman las diferencias de clase, por los mismos que aseguran tener la propuesta más adecuada para superarlas. De cualquier modo, las apreciaciones del cartel de marras muy pronto caerán en el olvido, en especial porque sus propios emisores dejarán de insistir con el asunto. Pues, entre los puntos a tratar en esta nueva reforma, está la redistribución de las "Becas Chile", que le permiten al galardonado continuar estudios en el extranjero, por un sistema que permita seguir doctorados en nuestras inefables universidades. Ahí, los hoy airados académicos harán las pases como ya ocurrió en 1981, y se dedicarán a llenar todavía más sus bolsillos