Quizá los acuerdos en Colombia sepulten de modo definitivo la guerrilla ideológica. Pero no están, al contrario de lo que sus promotores aseveran, ni siquiera lo más lejos posible de acabar con un hecho que ha marcado la historia de América Latina, al menos desde la conquista europea, como es la violencia. Que se ha sostenido en dos factores cuyos protagonistas para ciertos interesados pueden resultar difusos pero que para un analista serio e imparcial tienen dos orígenes tan claros como contrapuestos: los abusos patronales -amparados por las instituciones estatales, incluidas la policía, el ejército y los tribunales- por un lado, y la reacción desesperada de los agredidos por el otro. Adaptados, tal como en épocas anteriores, a la coyuntura imperante: los primeros mediatizan y a la vez justifican sus conductas a través de los preceptos del nuevo liberalismo; los segundos, encuentran hoy amparo en organizaciones dedicadas a la delincuencia común.
Así es como las bandas mencionadas en el primer párrafo de este artículo -y otras como los carteles de droga mexicanos- están llenando el vacío que dejaron las guerrillas ideológicas, que han abandonado la lucha armada sin haber conseguido aquello que motivó su fundación: solucionar los diversos problemas de injusticia y desigualdad que padecen las naciones latinoamericanas. Tanto en los aspectos que requieren mayor abstracción filosófica como los más concretos, cual es garantizar una solución estable que le permita salir de la pobreza y la opresión al ciudadano de a pie. A propósito, cabe recordar que los movimientos de inspiración política solían reclutar (a veces a la fuerza, como ocurría con Sendero Luminoso) a muchachos provenientes de zonas marginales o rurales, con familias destruidas, echados a su suerte y que debían permanentemente huir de un sicario o un matón. No había mayores debates ya que se podía argüir que estas personas eran en última instancia víctimas de los oligarcas y del sistema. Y en lo que se refiere a las organizaciones criminales actuales, sus líderes ya ni siquiera necesitan de una justificación para engrosar sus filas, las cuales pueden aumentar con antiguos combatientes que por uno u otro motivo han quedado a la deriva.
Es aquí donde se puede establecer una diferencia respecto al nivel de peligrosidad de un tipo de grupo comparado con el otro. Las guerrillas suelen imponerse restricciones basadas en una ética ideológica, y las latinoamericanas no fueron la excepción. Muy distinto a lo que sucede con las bandas de delincuentes donde sólo se piensa en el beneficio económico personal de sus componentes (a veces únicamente de sus líderes) por lo que su estrategia casi exclusiva es matar o morir. Asunto que se vuelve extremadamente delicado tratándose de organizaciones con altísimo poder de fuego, una importante cantidad de miembros y provenientes de una cultura acostumbrada a resolver las cosas mediante el uso de la violencia (política y de las otras). Varias bandas mencionadas aquí han demostrado que esa combinación puede derivar en sucesos sangrientos capaces hasta de colocar en vilo a distintos gobiernos. Y es una lástima que sus fechorías sean abordadas como una mera anécdota, o que dirigentes como Álvaro Uribe, ex presidente de Colombia, por una ceguera partidista estén más preocupados de aportillar los acuerdos con las FARC que de exigir un freno o proponer medidas contra las pandillas criminales que se están enquistando en sus propias naciones. Los que hablan de una nueva era para América Latina, sería menester que cierren un poco la boca y empiecen a abrir los ojos. Porque estas agrupaciones, aunque no tengan otra finalidad que la de cometer delitos, perfectamente podrían comenzar a coordinarse como antaño ha acaecido con los mismos guerrilleros, las familias pudientes o las dictaduras de la doctrina de la seguridad nacional. Y acá no trataremos con instituciones dispuestas a negociar o entregar las armas, o con un mínimo de escrúpulo al momento de enfrentar a las fuerzas regulares
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