Termoelécrticas y Termocéfalos

A propósito de la polémica suscitada por la potencial instalación de una generadora térmica de electricidad a carbón en el sector de Punta Choros, a pocos metros de un santuario marino y una reserva natural protegida, uno no puede dejar de preguntarse por qué los gestores de esos proyectos siempre eligen ubicarlos cerca de sectores con ecosistemas sensibles, lo cual a su vez, despierta la emotividad, y en consecuencia la oposición de importantes -en cantidad y efectividad al momento de ejercer presión- grupos de personas. No se trata en caso alguno de un intento de provocación con características ideológicas, pues eso dañaría la imagen de las empresas involucradas, factor que es muy considerado por los hombres de negocios. Lo más probable, es que detrás de esas decisiones controvertidas, se halle una motivación económica, principal motor de las firmas comerciales, que siempre está relacionada con la opción de abaratar y amortizar los costos. En tal sentido, estos lugares bucólicos suelen, producto de su atractivo turístico, contar con accesos medianamente óptimos e infraestructura adecuada para mantener a un puñado de obreros de origen foráneo.

Ya sabrán mis queridos lectores, que yo detesto a los ecologistas y que mi trato hacia ellos es más cercano al de aquella funcionaria pública que los llamó "jipis de mierda". Porque en realidad, hasta cierto punto lo son. Por ende, me importa menos un delfín o una ballena que el bienestar de los seres humanos. Formulada tal aclaración, les invito al siguiente análisis. En Europa, y en general en los países del primer mundo, existen normas ambientales muchísimo más estrictas que las chilenas. Que no sólo se aplican a sus respectivos habitantes, sino también a los extranjeros que deseen promover sus mercancías por esos lares. Así, si una faena agrícola se ubica a una distancia considerada imprudente de una fuente contaminante, los cultivos que allí se exploten no serán admitidos por los importadores. De acuerdo: tales restricciones tienen una adecuada dosis de proteccionismo y chauvinismo. Pero así son las reglas y Chile las aceptó sin objeciones cuando ratificó los tratados de libre comercio. Y esto ya ha perjuidicado a ciertos gremios, como los viñateros y fruticultores de la región del Bío-Bío circunvecinos a la planta de celulosa Arauco que algunos años atrás se instaló cerca de Curanilahue. Varios de ellos fueron a la quiebra y sus predios se transformaron en bosques de pinos y eucaliptus. Cuando digo esto, pienso a su vez en la comuna de Chanco, específicamente el sector de Reloca, donde se pretende edificar una termoeléctrica en una rica franja agrícola donde además existe un humedal. Si el destino de los medianos productores es el mismo que sus pares de más al sur, dejaremos de contar con un buen surtidor de sembradíos, obligándonos todavía más a adquirir alimentos provenientes del extranjero, lo que a la larga se traduce en el encarecimiento de los precios y en una fuerte dependencia de los vaivenes internacionales, como sucedió hace sólo algunas semanas con el trigo ruso.

Muchos defienden la instalación de estas plantas arguyendo que generan, además de energía, trabajo. No es tan cierto. Los empleos suelen ser muy precarios y una buena masa de obreros depende de contratistas, que a veces pagan por debajo del sueldo mínimo. Tienen una mísera ventaja con respecto a las labores agrícolas, pues se realizan durante todo el año y no por temporadas. Pero a cambio, se suceden aberraciones como la acontecida el 2007 precisamente con los tercerizados de la mencionada planta de Arauco. Eso, sin contar que se traen personas ajenas al sitio geográfico donde se coloca la faena, y si ésta depende de una transnacional, lo más probable es que los ejecutivos sean extranjeros. Por último, todos estos complejos no cuenta con una vida útil perpetua. Lo cual, significa que en su momento cerrarán, dejando a la comunidad tan pobre como cuando llegaron y además sumida en un desastre ecológico.

Ahora. Sebastián Piñera, en un hecho inédito, paralizó el proceso de construcción de la termoeléctrica de Punta Choros, revocando una determinación entregada por un organismo del Estado que seguía todos los conductos regulares. Una actuación más propia de un monarca absoluto que incluso puede acarrearle consecuencias legales. Que obedece menos a escuchar las protestas que a un estilo populista donde la pauta la fijan los asesores comunicacionales. Y que apenas oculta otra clase de motivaciones. Pues estas plantas han sido estimuladas por los gobiernos de la Concertación, y en este caso específico, había una presión de otro grupo vitivinícola, esta vez de gran peso, y que simpatiza con la derecha política. Sin contar que las palabras del presidente se enmarcan en uno de sus tantos golpes de efecto mediático, pues nada ha dicho sobre los demás proyectos de igual envergadura que se espera concretar a lo largo del país, además de que con esto se le carga la responsabilidad a la "energía limpia" de la electricidad hídrica, con lo que se agrava otro conflicto con los ambientalistas, el de Aysén. Hablar para ganar apalusos, sin un programa ni metas coherentes.

Está Vendido el Trece

La venta de Canal Trece al grupo Luksic debiera provocar indignación general. No porque la iglesia católica se haya desecho sin más de su medio de comunicación más poderoso, renunciando de paso a la "labor evangelizadora" que supuestamente era capaz de realizar a través de él: es más repugnante de hecho, que esa clase de instituciones manejen marcas y empresas de alto nivel de convocatoria. Sino, debido a que la frecuencia emisora pertenecía a la universidad pontificia, que la había recibido gratis y de manera incondicional en 1959, bajo el compromiso de ofrecer una televisión educativa, cultural y aceptable en términos cualitativos. Un acuerdo de palabra, un pacto de caballeros -que se supone, para la gente vinculada a la educación superior, es respetable aunque nunca se confirme como un contrato escrito-, cuya reciprocidad debía estar garantizada desde el principio. Un grado de confianza que, no lo olvidemos, motivó al Estado a otorgar a perpetuidad el número de sintonía, sin solicitar nada a cambio.

A diferencia de la prensa escrita o la radio, la televisión llegó a Chile bastante tiempo después de su invención. En su primer periodo de expansión, este país se encontraba sumido en ese conservadurismo hipócrita y retrógrado que de tarde en tarde asalta las instancias públicas. Eso hizo que durante varios años, el parlamento y los sucesivos gobiernos declinaran abrir el espacio a esta forma de comunicación, porque se trataba de un flagelo que pervertía a los jóvenes y desviaba a los niños de sus deberes y los valores tradicionales. Finalmente, durante el mandato de Jorge Alessandri (de manera irónica pero a la vez sintomática, representante de esa reacción rancia y propia de los chilenos de clase acomodada), se dio con una solución milagrosa: cederle las frecuencias a las universidades, para que ellas se hagan responsables de una "programación de calidad", lo que por estos pagos equivale a moralina apenas disimulada tras un disfraz de supuesta cultura, elitista y excluyente. Así, saturaron la cartelera de conciertos de música docta -dos horas con la misma cámara e idéntico ojo electrónico-; diálogos repletos de datos obvios sobre artistas europeos fallecidos dos siglos atrás, e información sobre actividades en los distintos templos católicos. De vez en cuando, salían de la rutina con sosos programas de entretención, como el soporífero "Sábados Gigantes", permitidos porque existían en su justa medida, además de imitar las fiestas de primavera y las recepciones estudiantiles que en aquellos tiempos, organizaban los chicos bien, que siempre han sido los únicos con permiso de residencia en nuestras seudo universidades, donde vuelven a escuchar la sobremesa del fin de semana, dictada por sus tíos, primos y abuelos. Desde luego que a poco andar, las entidades de estudios superiores notaron que, al igual que en todas las demás áreas de la cotidaneidad, no contaban con la destreza suficiente para desempeñarse en el mundo de los rayos catódicos. Pero al mismo tiempo, vieron el potencial masificador del nuevo juguete, que lo transformaba en un eficaz mecanismo de propaganda y de lavado de imagen. Por lo que acabaron atesorándolo entre sus manos con violenta avaricia, dispuestos a eliminar a todo aquel que les impidiera obtener sus beneficios más pingües.

Las décadas transcurrieron. Se fundó un canal netamente estatal -que no cambió mucho las cosas-, se autorizaron las transmisiones en color, y a poco de concluir la dictadura, se abrió la licitación a televisoras privadas, eso sí con un régimen de obligaciones distinto al de las universidades, ya que las nuevos interesados debían comprar las frecuencias por un periodo acotado. Pero esto fue suficiente para que se presentaran fenómenos hasta entonces desconocidos, como el aumento de la oferta de canales y la consiguiente dispersión de la publicidad. Entonces, los planteles, a su vez, transfirieron sus estaciones a dueños también particulares, valiéndose de un escandaloso resquicio legal. Pues, al no poder enajenar este patrimonio, discurrieron arrendarlo a empresas externas, que superpusieron canales. De esta forma continuaron ganando y se aseguraban la impotencia de la ley, pues al tratarse de un ente distinto, quedaba exento de las exigencias de una programación cultural, educativa y cualitativamente buena por la cual el Estado les había favorecido. Así, la Universidad de Chile le entregó su transmisor a un consorcio venezolano y luego a Sebastián Piñera, el depredador accionista de bolsa que hoy es presidente de la república. Las Universidades Austral y del Norte les regalaron sus señales a caciques locales que los reemplazaron por miserables canales de cable, que además duraron poco tiempo. Entretanto, la Universidad Católica de Valparaíso se restringió a la difusión de programas de ventas por teléfono.

Y como guinda de la torta, la Pontificia de Santiago, en una actitud muy propia de un dinosaurio que conoció épocas mejores, y al cual la demencia senil le hace imaginar que el presente no tiene nada que envidiarle al pasado, negocia sus derechos con un poderoso conglomerado empresarial, que de seguro, intentará aprovechar las ventajas de la implementación de la televisión digital terrestre, hecho que está a la vuelta de la esquina. Muchos dirán que ésta fue la única estación que creció al alero casi exclusivo de su plantel madre -lo cual no es cierto-; pero aún así, casi todos sus logros han estado reñidos con la legalidad. En 1973, el Trece abrió una señal clandestina en Concepción, con el propósito original de que el sacerdote Raúl Hasbún escupiera desde ahí sus diatribas religiosas contra Salvador Allende. Cuando un funcionario público fue a clausurarla, el cura y sus secuaces los asesinaron, en un crimen que jamás fue aclarado producto del posterior golpe militar. Sin embargo, la televisora pudo reabrir su filial y fue el inicio para que las entidades de educación iniciaran la expansión de sus casas televisivas sin pagar un peso por las antenas repetidoras que instalaban a lo largo del país. Al mismo Trece le permitió ir a la vanguardia de la televisión criolla durante veinticinco años (vanguardia perdonando las limitaciones de la emisión chilena, claro está). Lo que acaba de hacer la Pontificia, con la venia de la iglesia católica, es sino otro de los sucios negociados a los que nos tienen acostumbrados nuestras seudo universidades. Que como instituciones fundadas por y para la oligarquía, nunca dejan de cometer actos turbios, ya que estén pasando por buenos o por malos ratos.

Piñera o la Banalidad del Nombre

La incontable cantidad de veces que Sebastián Piñera menciona a Dios, producto de causas diversas pero motivadas por el mismo fin, cual es interpelar al subconsciente conservador y religioso propio de la idiosincrasia chilena, y de ese modo dar una imagen de empatía y bondad basándose en un elemento tomado por "sagrado" como es la fe; hace rato que se puede comparar con la conducta de aquel niño inquieto que a cada rato toca la chaqueta o el pantalón del adulto que lo tiene a cargo, para fastidiarlo con preguntas o indicaciones que sólo en la edad infantil resultan interesantes. Por lo mismo, ya que Piñera está lo suficientemente grande, al punto de que es el actual jefe de Estado, es que sus reiterados intentos de sacar al Señor al baile ya se están volviendo difíciles de soportar. Pero además, cabe recordar que la majadería extrema provoca tal nivel de vacuidad en el significado de los términos, que en el corto plazo nadie, ni siquiera quien los despojó de su sentido a fuerza del uso exagerado, entiende por qué se recurre a ellos, aunque se repitan de manera mecánica y sin parar. Entonces, entre los receptores del mensaje, empiezan a aparacer las sospechas fundadas, respecto de la intencionalidad tras un discurso que recurre a los mismos componentes como si se tratara del éxito radial de moda.

En la Biblia, desde los diez mandamientos en adelante, siempre se les ha ordenado a los creyentes que "no tomen el nombre de Dios en vano". En la época del Antiguo Testamento, este precepto era tan importante, que los israelíes dejaron de pronunciar la palabra Yavé (al griego, Jehová), identificación, por decirlo de algún modo, "oficial", y la remplazaron por vocablos como Adonay (el Señor), Shadday (el Altísimo), el pronombre Él o incluso curiosas sutilezas como "Ángel de Yavé" o "Yah". Mientras que en los tiempos de Jesús, tanto el Salvador como sus discípulos advirtieron acerca de quienes "llaman Señor, Señor, Señor; pero no se rigen por Sus normas". Hablar de Dios sin un propósito ni un fundamento claros era considerado vulgar y por ende incorrecto. Aún si la persona en cuestión quisiese expresar honestamente su testimonio de fe. Pues eso, a la larga, puede demostrarse con hechos, que es el medio más plausible para confirmar la conversión del corazón. Si alguien obra de acuerdo a la regla de oro del Sermón del Monte, ("haz el bien sin mirar a quien y no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan")se supone que es capaz de estampar un modelo de comportamiento ejemplar que sus contemporáneos y coetáneos no tardarán en seguir. En cambio, que acomete acciones reñidas con la convivencia social, terminará siendo rechazado y condenado, pese a que insista en su condición de creyente. E incluso esa contradicción puede empeorar las cosas, al quedar quien la padece como un mentiroso de marca mayor. Y si hay algo que da para asustarse, sin lugar a dudas que ése es el desengaño.

Sin embargo, la sola mención reiterada, inoportuna e irreflexiva de un nombre, cansa a los que de una u otra manera se ven obligados a escuchar. Y en el caso de Dios sucede algo similar. Al final, Piñera va a provocar con su actitud un efecto contrario al cual desea. Cabe recordar que el Señor no es una entidad que pueda comprobarse a simple vista: de hecho es eso lo que persigue la fe, captar más allá del empirismo sensorial o mental. Luego, si al término se le vacía su contenido, se lo reduce a la nada misma, que en esta coyuntura, equivale a negar justamente la existencia de Dios. Por ende, lo que nuestro presidente está fomentando es la proliferación de los no creyentes, con todas las consecuencias que eso puede acarrear para el sector político que representa y el modelo de país que busca implantar (liberal -al estilo Friedman- en lo económico, conservador en todo lo demás): mayor aceptación del aborto, la anticoncepción, la eutanasia y la homosexualidad; auge de movimientos como el ecologismo, que parecen simpáticos cuando se trata de oponerse a un empresario depredador; pero que son tan cerriles e intolerantes como el más recalcitrante de los curas.

Pero por otro lado, hasta los simpatizantes más acérrimos deben admitir que el rechazo a esta actitud puede llegar a producirse por efectos más concretos, pues en realidad Piñera no está practicando lo que predica, y nada hace presagiar o siquiera imaginar un cambio de rumbo. Sus imprecaciones se atienen a gritar en las plazas públicas y obtener una recompensa inmediata, que en este caso no proviene de las masas populares, sino de los medios de comunicación asiduos a su pensamiento. Es curioso cómo estos sujetos que, por asistir regularmente a las ceremonias eclesiáticas, donar materiales de construcción para los templos, haber sido educados en colegios religiosos para ovejas gordas, o simplemente por pertenecer a los estratos socio económicos altos y tradicionales -los que suelen mantener a las instituciones religiosas-, se abogan el derecho de pasear a Dios según su propio gusto y conveniencia, ya que creen que su enorme caudal les da la posibilidad de tutearlo o de tornarse confianzudos. Resulta interesante porque al final siempre se descubre que su testimonio no se condice con sus declaraciones cliché. Pasó con George W. Bush, en Estados Unidos. Y está sucediendo en Chile. Por ello, es que los cristianos de verdad debemos hacer lo que corresponde: reprender a estos tipos y acto seguido dejar de creer en ellos, porque sólo así podremos alabar realmente a Dios.

Amor Homosexual: Terror Eclesial

Aunque se trate de un hecho meramente semántico, de cualquier modo hablar de matrimonio homosexual es un contrasentido pues por definición ese enlace se lleva a cabo entre personas de géneros diferentes. Y en todo caso, al delimitarse el significado de una palabra, se está dando un testimonio histórico acerca de su uso más frecuente, el que acto seguido es consensuado por todos aquellos habitantes que cuentan con el pleno uso de sus facultades racionales, independiente de la lengua que hablan o de las tradiciones que defienden. Y si revisamos los siglos pasados, al menos desde la invención de la escritura, caemos en la cuenta de que ha existido la poligamia, las uniones entre parientes cercanos, incluso los matrimonios múltiples -cuando hay más de dos contrayentes-. Todas estas variantes, debidamente legalizadas y reguladas por los pueblos que las prefirieron. Pero resulta imposible hallar un código o una declaración que plantee la idea de un connubio sólo entre quienes tienen idénticos genitales, aunque eso no quiera decir que la homosexualidad haya sido despreciada en términos generales. Muy por el contrario, antes que se estableciera la dominación judeo cristiana, en Occidente, y las religiones monistas en Oriente, muchas culturas, entre ellas algunas respetadas en la actualidad, como Grecia o Roma, toleraban dicha tendencia que llegaba a veces a formar parte de determinados rituales sociales.

Éste es el mismo modo de pensar de los sacerdotes y en general de los miembros observantes de la iglesia católica. El que tratan de englobar en sentencias que aseguran que el mentado enlace homosexual "destruye la esencia del matriomonio", "atenta contra la unidad de la familia", o la que hasta ahora se muestra como la más condenatoria: "es una aberración desde cualquier punto de vista". Son frases cliché, marca registrada de unos interlocutores que las emiten cada vez que su manera de abordar el mundo es puesta en duda, los cuales no desean enfrascarse en explicaciones teológicas que no atenderá nadie, y menos cuando la tribuna empleada son los medios masivos de comunicación. Pero que, gracias a la peculiaridad de cada incidente -y al poder consetudinario que ostenta el romanismo-, al final se cargan de contenido, logrando el propósito de ser escuchadas y debatidas. Ellas, además, indican el grado de admiración que los curas sienten por la unión matrimonial, en especial, cuando notan que no pueden experimentarla de manera directa, pues debido a sus votos sagrados están obligados a "casarse con Dios" y a renunciar a la opción de una pareja terrenal. Es tal la veneración del papismo hacia este vínculo que incluso lo considera un sacramento. Atesorándolo como una joya invaluable, que de extraviarse o ser robada, implica virtualmente la desaparición institucional de su credo, o en su defecto, un debilitamiento lapidario y terminal. De más está decir que la mantención de dicha perla también incluye el evitar que se deteriore. Y uno de los peligros más atroces que la acechan, justamente porque desvirtúa la esencia misma de una cosa, como es su definición, es la extensión del beneficio a los sujetos que practican la homosexualidad.

Sin embargo, si volvemos a retroceder lo suficiente en la historia, descubrimos que el matrimonio no nació en el seno de la iglesia católica. Ni siquiera la variación que ésta promueve -monógamo con numerosa descendencia- es original, pues el imperio de Roma ya la había instituido, aunque los más acaudalados pudiesen contar con un séquito de amantes de ambos géneros. En realidad, los sacerdotes se apropiaron de una instancia propia de las oligarquías y de las clases pudientes, precisamente para alcanzar las esferas más altas de la sociedad y disfrutar del buen pasar económico. Y aunque los estatutos digan otra cosa, la verdad es que no le quitaron su componente de poligamia y adulterio, pues hasta hoy, quienes contraen el "sagrado vínculo" en parroquias, capillas o catedrales, suelen abrirse a la opción de la infidelidad. El mismo origen que los hace mirar los acontecimientos contemporáneos con miedo. Porque vislumbran, con profundo estupor, que uno de los mecanismos más eficaces al momento de asentar sus atribuciones, se desmorona, perdiendo sus componentes más elementales; para más remate, con una concepción sociológica que ve las cosas en sentido positivo. Ya que los partidarios del matrimonio gay esgrimen un argumento absolutamente práctico, cual es el derecho patrimonial de estas parejas sobre sus bienes, que adquieren de mutuo acuerdo, pero que en términos legales deja espacio para una sola firma. Lo cual lo transforma en un acto de amor: de los heterosexuales hacia aquellos que por pensar distinto pueden terminar desamparados, y de los propios homosexuales, al hacer oficial su relación mediante los instrumentos recomendados precisamente por la iglesia católica. Quedando en consecuencia, la sensación de que los integrantes de esta última, que siempre ha insistido en el amor al prójimo, después de todo no practican lo que predican.

Personalmente por este temor, muy bien fundado además, de que el matrimonio homosexual puede desmontar al matrimonio propiamente dicho, es que no tengo ninguna aprehensión contra él. Aunque si lo analizamos desde un punto de vista totalmente objetivo, es más conveniente esa iniciativa de las "uniones civiles". Pero cualquier cosa que baje de su altar a una institucionalidad oligárquica y represora, siempre será bienvenido. Y lo digo por los dos elementos que aquí están en juego: el matrimonio como institución y su principal albacea, la iglesia católica. A ver si esa organización, que sólo sirve para abrigar asesinos, estafadores y pedófilos, pierde unos cuantos niveles en sus intentos por inmiscuirse en las vidas individuales.

Su Majestad el Indulto

Uno de los argumentos que se ha esgrimido para objetar la iniciativa de los "indultos bicentenario" lanzada por la iglesia católica -la cual, como todo lo que emana del romanismo, muestra una ambigüedad que apenas esconde sus propósitos más oscuros-, es que aquella es una actitud más propia de una monarquía, entiéndase absoluta, que de un régimen democrático o un Estado de derecho. Pues, en este último caso, se cuenta con un poder judicial autónomo, que debido a su sola estructuración constituye una garantía de imparcialidad. Lo cual llevaría a concluir que los actos de perdón legales corresponden a gobiernos autoritarios donde no se respetan los derechos humanos, pues los beneficiarios serían personas detenidas por opinar de manera distinta a como lo hacen los legisladores, hecho que expone a éstos a la comunidad internacional. En tales casos, la absolución extraordinaria vendría siendo la prueba plausible de que un determinado gobernante reconoce que es responsable de un sistema político dictatorial.

En Chile, los presidentes -a quienes el ordenamiento jurídico siempre ha intentado presentar como una versión a escala de sus símiles de Estados Unidos- siempre han contado con la facultad de otorgar indultos, ora para frenar una ejecución -que también ocurre en otros lugares donde existe la pena de muerte-, para reducir una condena o para excarcelar a un reo. En años recientes, tal atribución ha sido mediatizada, ya que el ministro de justicia suele sugerir nombres de candidatos que, por su buena conducta o debido a una enfermedad terminal, se cree son idóneos para merecer la gratitud. Pero la decisión final continúa en manos del primer mandatario, quien decide de acuerdo a sus propios criterios. Ese hecho es el que pone los pelos de punta a muchos expertos ligados de un modo un otro a la dinámica de los tribunales. Pues, siguiendo el razonamiento descrito en el párrafo anterior, equivale a aceptar que algo no está funcionando correctamente en la administración de la justicia. Y alrededor de estas sospechas, se colocan varios sujetos que están dispuestos a difundir los rumores como cosas ciertas, arrastrando al desprestigio nada menos que al tercer poder público. Tipos que basan sus ataques en su carisma personal y en su posición privilegiada dentro de la sociedad; pero que a veces, son capaces de complementar dichas características con evidencias tan demoledoras como las que se presentan en una audiencia con el fin de levantar una acusación.

Debido principalmente, a que en este país siempre se ha tenido la sensación de que la justicia es menos ciega que parcial. Y por desgracia, argumentos a favor de esa conclusión, sobran. Por ejemplo, un sistema que no llega, al menos de la forma ideal, a las capas más populares de la población. Una red carcelaria deficiente donde saltan a la vista el hacinamiento y la precariedad de los reclusorios. Una desigualdad que obliga a considerar que el delincuente eligió ese camino impulsado por la mera necesidad. Un análisis que arroja como resultado que la mayoría de los confinados son personas pobres sin lazos de compadrazgo ni recursos suficientes para pagar un buen abogado... Por último, una oligarquía que ha abusado del pueblo desde tiempos ancestrales, valiéndose entre otras armas de la institución legal, y que, como acto desesperado para mantener su supremacía, alentó y amparó a una de las tiranías más sangrientas del siglo XX, la cual pasó por alto de manera sistemática todos los mecanismos jurídicos, incluso los que ella misma dictó, creado la sensación entre la gente común de que se estaba exento de cumplir con ciertos deberes, entre ellos los penales. Agréguese las detenciones de inocentes -demasiadas para un sistema que se precia de ser el más adecuado- las declaraciones que acusan al entramado de ser muy benevolente con los cacos, y ciertas anomalías como la denominada justicia militar. Entonces, tenemos un cóctel de desconfianza hacia abogados, fiscales y magistrados, cuya expresión más simbólica son las continuas malas evaluaciones que tienen de cara a la opinión pública.

Y es ante tales desperfectos que aparece, como una corrección de emergencia, lo cual finalmente se traduce por una tabla de salvación, el indulto a manos de la máxima autoridad del ejecutivo y por ende de la nación. La figura impoluta del presidente que provoca una sensación de defensa, y de paso, evita que los desencuentros entre los ciudadanos comunes y el poder judicial tomen ribetes de estallido social. En un país subdesarrollado, con una múltiple cantidad de asuntos por resolver -tanto en el terreno social como en el político, económico, cultural e incluso legal-, no es bien visto que una instancia pública se gobierne por sí sola, aunque se trate de un poder del Estado. Y se precisa, cada cierto tiempo, enmendar los entuertos causados por condenas excesivas o por gobiernos anteriores. Lamentablemente, nuestro ordenamiento aún da pie para que dicha situación deba seguir acaeciendo en el futuro.

Consejo de Rateros

Sebastián Piñera anunció que su gobierno derechista llevará, al fin, la reforma universitaria que se viene esperando y anhelando desde hace décadas. Eso sí, acorde con el pensamiento ideológico de la administración, combinado con la peculiar situación de la educación superior chilena (admitiendo que en realidad existe dicha instancia). Las entidades que se agrupan en ese auténtico cartel que es el Consejo de Rectores, conocidas con el mote de "tradicionales" -que algunos suelen confundir con "estatales"- han puesto el grito en el cielo, aseverando que la iniciativa -que de más está decirlo, se rige por los cánones más recalcitrantes del nuevo liberalismo económico y de la propensión a transformarlo todo en un negocio- acabará con todo proyecto futuro de universidad pública, si es que en el pasado lo hubo, además de aumentar la ya amplia brecha social. Sería interesante escuchar esos argumentos, de no ser porque no ofrecen nada concreto, sino que reiteran los mismos clichés y lugares comunes que los claustros utilizan cada vez que quieren poner el tema en el debate público, conducta que siempre demuestra que los decanos, académicos e incluso estudiantes superiores son personas siúticas antes que cultas.

Sin embargo, es preciso aclarar que la potencial atención no provendría del contenido del planteamiento en sí, sino de sus motivaciones. Que están muy alejadas del interés genuino por la gente de escasos recursos o el aporte al país, y muy por el contrario, se sustentan en una lastimosa simbiosis entre mitología e hipocresía. Pues de partida, y no es necesario citarlo permanentemente, en Chile no existen universidades y las que se atribuyen tal cualidad sucumben a la más mínima comparación con sus supuestos pares internacionales. Ahora, si tratamos a estas chapuzas como lo que dicen ser, tenemos que se encuentran separadas en dos colectivos claramente delimitados: las del mencionado Consejo de Rectores, una organización legal con estatutos definidos y reconocida por las instancias judiciales, y las denominadas privadas, que reciben ese nombre porque surgieron al alero de la más reciente reforma, que data de 1981, que flexibilizó las normas para poder conformar sociedades que incluyesen la palabra universidad (lo cual revela el origen espurio de tales innovaciones, impulsadas e impuestas por una dictadura oligárquica a la cual le importaban un carajo la educación universal y la igualdad de oportunidades). Esto, empero, no responde a la pregunta de por qué a ellas se les denomina particulares y a las otras, por descarte, públicas, siendo que varias de aquéllas no lo son, ya que dependen de la iglesia católica o de grupos de inversionistas. La respuesta está en que los matriculados de las primeras, a partir de entonces, tuvieron la posibilidad de acceder a un crédito fiscal para sortear los ominosos aranceles que las "casas de estudios superiores" les cobraban, beneficio que se mantiene hasta hoy. En cambio, en el caso de quienes ingresaban a las "privadas" propiamente dichas, no gozaban de esta regalía, y tuvieron que esperar hasta el 2005, cuando se les concedió el llamado "crédito CORFO" cuyo interés devengado es más alto que el de su par fiscal. Eso, mientras la administración de turno creaba el cartel ya dos veces consignado aquí, a fin de orientarse acerca de a quién había que repartir los dineros, y de paso, posibilitando que sus integrantes se rodearan de un aura que los contentó al punto de hacerlos desistir de sus reclamos.

Desde entonces, las componentes del dichoso Consejo se han valido de esta segregación para proclamarse como auténticas universidades, lo cual en la práctica significa que cobran aranceles inalcanzables para el grueso de la población y absorben como aspiradoras las platas del Estado, sin que ello se traduzca en una mejor calidad de los contenidos que están impartiendo. De hecho, la mayoría de los académicos no son profesores titulados, sino sujetos incapaces de ejercer su profesión que gracias a una de las tantas normativas promulgadas en 1981, tienen sueldo asegurado hasta la jubilación. Por otro lado, y de manera paulatina, han estructurado de tal forma las asignaciones de becas y créditos, que durante los últimos años el acceso a su entorno se ha venido restringiendo a los postulantes de estratos acomodados, cuyos padres son vecinos de los rectores y benefactores pecuniarios de los planteles. Y si alguien de origen más modesto consigue, siquiera por un involuntario error de admisión, entrar a este círculo vicioso, el propio entorno lo incita a retractarse de su osadía, presentándole nuevas instancias de pago (como el cobro por fotocopias o por los préstamos de libros de la biblioteca) o lisa y llanamente acudiendo a la discriminación, situación donde el matonaje escolar, incluso desde los mismos académicos, no está ausente. Ni hablar de invertir en investigación, toda vez que una opinión que no se ciñe a los cánones de los contenidos impartidos, es censurada y sancionada de la manera más severa posible. Es cierto que las consideradas privadas están un peldaño más abajo, pero éstas apenas se asoman al cero, lo cual bajo ninguna circunstancia es causa de orgullo.

Pero mientras se emitan discursos edulcorados, con la serenidad requerida para que puedan pasar como intelectuales, a uno lo ubicarán en el altar de la sapiencia y de la preocupación social. Cuando, si es que son honestos, los oradores del Consejo de Rateros debieran interrogarse por qué el setenta por ciento de los alumnos rematan en las entidades privadas, aún en el supuesto de que son de inferior calidad. Y por qué, el grueso de esas matrículas proviene de hogares medios o pobres. Muchachos que verán truncadas sus ilusiones al tratar de insertarse en el mundo laboral, porque a la larga eso se consigue gracias a los contactos, que sólo se obtienen dentro de las tradicionales, donde los decanos instalan a los hijos de sus vecinos en los mejores puestos, obteniendo, como forma de gratitud, más dinero para engrosar sus cuentas bancarias. Además de que el ordenamiento legal les entrega una mayor y más eficiente publicidad. Así se confirman las diferencias de clase, por los mismos que aseguran tener la propuesta más adecuada para superarlas. De cualquier modo, las apreciaciones del cartel de marras muy pronto caerán en el olvido, en especial porque sus propios emisores dejarán de insistir con el asunto. Pues, entre los puntos a tratar en esta nueva reforma, está la redistribución de las "Becas Chile", que le permiten al galardonado continuar estudios en el extranjero, por un sistema que permita seguir doctorados en nuestras inefables universidades. Ahí, los hoy airados académicos harán las pases como ya ocurrió en 1981, y se dedicarán a llenar todavía más sus bolsillos

Otro Mito Que Se Derriba

Hablando con honestidad, fui uno de los tantos que se sorprendió con los resultados que arrojó la más reciente encuesta CASEN, tomada durante el 2009, donde se señala que por primera vez en veinte años, la pobreza mostró un aumento. Leve, de tan sólo dos puntos porcentuales, desde los trece a los quince. Pero incremento al fin y al cabo. Lo cual significa mucho más que un simple quiebre de tendencia. Porque esta inesperada variación en la curva del gráfico, puede ser capaz, a pesar de su aparente insignificancia, de poner en tela de juicio los pilares sobre los que se ha fundado el sistema democrático y político-social imperante en Chile a partir de 1989, del que además, todas los estamentos dirigentes, independiente de su signo partidista o filiación civil, militar o religiosa, se han mostrado más que orgullosos.

De partida, este rebrote en el índice de precariedad, echa por tierra otro de los tantos mitos que han solventado la conducción del país durante las últimas dos décadas. Aquel que señalaba que la orientación económica, fundamentada en el capitalismo nuevo liberal de Milton Friedman, e impuesto por una dictadura militar mediante la fuerza de las armas, a la larga iba a terminar con estas situaciones poco deseables en la sociedad. Bueno: no sólo el modelo financiero en sí, sino también, sus supuestas "correcciones" llevadas a cabo durante los sucesivos gobiernos de la Concertación, que en realidad no pasaron de ser intervenciones esporádicas y timoratas que constituyeron un escaso aporte, por estar basadas casi exclusivamente en los subsidios asistenciales. Siempre se le vendió, no al pueblo, sino a la opinión pública, el discurso de que dicha combinación de factores era una perfecta simbiosis que conduciría a la nación a un desarrollo progresivo, donde los problemas iban cada vez a ser menos. En parte, para desviar la atención sobre las nuevas consecuencias que en su trayecto iba generando la aplicación del paradigma: desigualdad y aumento excesivo del poder de influencia de los grandes consorcios. Anomalías que, si no habían sido previstas tras el retorno a la democracia, aparecían como puntos difusos en el horizonte que bien podían ser causados por una ilusión óptica. Pero que en cualquier caso eran esperables. Por ello, ante su manifestación, la denominada "lucha contra la pobreza", se transformó en un subterfugio que a la postre se tornó por lejos el más eficaz de los salvavidas. Después de todo, era una de las herramientas retóricas más útiles al momento de atacar a la tiranía, pues, no nos olvidemos, en 1990 casi la mitad de la población se encontraba bajo la línea de la pobreza, una realidad que era repetida hasta la majadería por quienes sucedieron a Pinochet. ¿O que ya nadie se acuerda de los "cinco millones", que en verdad rozaban los seis?

Ahora, cuando la curva descendente se ha interrumpido, la única justificación que quedaba para nuestro modelo, ése que hacía de Chile "un ejemplo a nivel mundial", también se ha esfumado. Y de paso, ha convertido a todo lo obrado en estas últimas décadas, en un esfuerzo inútil. O mejor dicho, en una falsa sensación de desarrollo y bienestar progresivo y sostenido. Desde luego, nadie reparó en que cuestiones tales como la mala distribución del ingreso, a la larga no sólo inciden en que un puñado de personas vivan como si estuvieran en otra dimensión espacial, sino que además vuelve mucho más precaria la situación de la gente común. "No queremos menos ricos, sino menos pobres" se suele decir. Pero un mínimo nivel de cultura es suficiente para darse cuenta que si los ricos aumentan en forma desmedida su caudal, tal conducta acaba empobreciendo a los demás, pues tras superar un límite comienza el acaparamiento a costa de los empleados y trabajadores. Un razonamiento lógico que en todo este tiempo estuvo ausente de la cabeza de nuestros dirigentes, aunque por voluntad propia. Desde los más diversos sectores, se llamaba a respetar al empresario, pues él es capaz de crear puestos de ocupación que en el mediano o incluso en el corto plazo, ayudarán a un pordiosero a abandonar su miseria. Suena perfecto de no ser porque tal principio se erigía como una idolatría irracional cuando se trataba de un negocio transnacional o de una compañía con infinitas ramificaciones.

En fin. Así se van desplomando uno tras otro, los incontables mitos que nuestra caterva de líderes interesados menos en el servicio público que en su propio pasar nos han querido inculcar con esa rara mezcla que hacen entre la certeza religiosa y el método científico, fundiéndolos hasta obtener una peculiar seudociencia que luego divulgan fácilmente, gracias a la educación de pésima calidad que nos imparten. Y no es necesario un terremoto como el del veintisiete de febrero para que los resquebrajados muros terminen cediendo. Aunque ese evento botó varios de estos cuentos, una importante cantidad ha caído porque simplemente ya no se puede sostener. Por ejemplo, la iglesia católica como luchadora incansable por los derechos humanos, las universidades como reserva de un conocimiento cada día más arrinconado, o la Concertación como la incorruptible coalición derivada de la soberana sapiencia popular. El que ahora yace en el suelo, resistió durante tanto tiempo, porque obedecía al intocable sistema económico que rige en Chile, que por esas cosas que nadie es capaz de explicarse, domina también las decisiones políticas y a la sociedad. Eso es lo que ha perdido credibilidad y no una ideología o un determinado pacto partidista.